El argumento que usan las AFP para oponerse a que el Estado participe en la administración de los fondos de jubilación de propiedad individual de los afiliados es muy liviano, porque el hecho de que el Estado sea ineficiente no es una razón suficiente para oponerse a que lo haga.

La verdadera razón para oponerse a esta norma está en que solo el dueño del dinero puede decidir quién va a ser su administrador, porque cuando el Estado se atribuye el derecho de hacerlo, atenta contra EL DERECHO DE PROPIEDAD SEGURO, que es uno de los principios fundamentales sobre los que se sustenta la Economía de Mercado y la democracia.

Para muchos peruanos solo se atenta contra el DERECHO DE PROPIEDAD SEGURO cuando se viola su derecho de propiedad y no cuando se atenta contra la propiedad de otro. Esta realidad ha hecho que, en el Perú, el derecho el DERECHO DE PROPIEDAD sea INSEGURO.

La prueba de lo anterior está en que durante el gobierno de Belaunde se pagó a los asalariados parte de su sueldo con unos BONOS DE DESARROLLO que nunca se pagaron, se construyó la carretera a Cañete con el dinero del fondo de jubilación que pertenecía a los jubilados y se devolvió el dinero con soles devaluados desfinanciando este fondo haciendo que los jubilados hasta hoy sufran esta falta de respeto por su DERECHO DE PROPIEDAD SEGURO.

Los fonavistas tienen que dar “gracias a Dios”, porque se les devolvió una pequeña parte de lo que se les robó. Belaunde (año 1963-64) creó los Bonos Agrarios sin garantía, los mismos que Velasco usó para robarle sus tierras a agricultores grandes, medianos y chicos. Acción Popular sostiene que no uso sus bonos, pero al crearlos hizo posible que Velasco los use, legalmente, a diestra y siniestra. AP nunca pidió que se paguen los bonos que creó.

Si bien es cierto que el proyecto de hacer que el Estado participe en la administración de los fondos de las AFP atenta contra la Economía de Mercado, también lo hace el oligopolio de las AFP que el Estado no ha impedido que se cree.

Si la participación del Estado en la administración de los fondos no fuera obligatoria, o si éste creara una, habría 2 tipos de AFP, las administradas con la participación del Estado y las que no lo sean. De esta manera los propietarios de los fondos podrían decidir si en la administración de sus fondos participe el Estado.