Según los indicadores de violencia sexual elaborados por el INEI de nuestro país, entre los años 2012 y 2019 el número de casos de violencia sexual que afectan principalmente a las mujeres jóvenes y adultas se ha incrementado de forma alarmante (más del 93%). También revelan que las víctimas, por lo general, están conscientes en el momento en que son agredidas, que las agresiones sexuales con pluralidad de agentes son poco frecuentes y que durante la comisión de estos actos los agresores se encuentran regularmente en estado de ebriedad. Esta última condición puede constituir una circunstancia agravante específica de acuerdo con las modificaciones introducidas por la Ley N° 30838 (Ley que modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal para fortalecer la prevención y sanción de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales).

Existen ciertos aspectos que deben considerarse cuando se presentan las diferentes modalidades de agresión sexual. Desde las más graves que importan accesos sexuales violentos o bajo amenaza hasta las menos graves como los tocamientos o actos de connotación sexual no consentidos. La violencia sexual es uno de los actos de mayor reproche penal porque compromete bienes valiosos como la libertad y la integridad (física y psicológica) personales. La protección penal ha sido cada vez más amplia, pero también más severa porque ha introducido en la justicia punitiva mecanismos que tienden a brindar una mayor protección a las agraviadas a fin de evitar una victimización institucional (no tener acceso a la justicia, maltratada o denigrada con exámenes invasivos, interrogatorios reiterativos o exposición pública de sus casos, etc.).

Las agresiones sexuales siempre causarán mayor pesar y consternación mientras más jóvenes sean las personas involucrados en esos hechos. La violación que comete una pluralidad de agentes contra una víctima que se encuentra en estado de incapacidad de resistir la agresión por causa del consumo de alcohol es una muestra de ello. Un caso de este tipo sucedió en España en abril de 2018 cuando cinco jóvenes abusaron de una joven durante la fiesta de San Fermín en Pamplona, hecho que trajo a discusión diversos aspectos legales, entre ellos, si la víctima había consentido o no la violación, dado que en los registros audiovisuales publicados en redes sociales no se observaron gestos ni conducta de rechazo por parte de la víctima, así como tampoco manifestó su negativa. Un caso similar ocurrió recientemente en el Perú, pero con la diferencia de que aquí se discutió el modo de vida previo de la víctima o que esta se encontraba en estado de ebriedad.

La vida previa de la víctima no tiene por qué discutirse en un caso de esta naturaleza. Es una grave invasión a la intimidad, más aún si a partir de ello se pretende introducir supuestos “argumentos moralizantes”. Por otro lado, si el hecho se realizó cuando la víctima había consumido alcohol, su consentimiento era irrelevante y primaba su sexualidad, que debía ser intangible: nadie debía tocarla en esas condiciones. Además, la presencia de varios sujetos en el suceso ya implica una situación de prevalimiento o superioridad sobre la víctima.

Con los datos estadísticos expuestos y con la demostrada ineficacia de la intervención penal ante la creciente presencia de este delito en la realidad, concluimos este artículo con la siguiente interrogante: ¿Por qué hasta hoy no existen políticas de salud mental y educativas encaminadas a prevenir estas formas de violencia?