Cuanto más necesitábamos recuperar la autonomía de las instituciones, hoy nos encontramos frente a una amenaza clara y directa, que no solo no ayudará a con esa finalidad, sino que las podría desaparecer. Esta segunda vuelta electoral ha agravado la crisis con la presencia de Pedro Castillo, pues ha anunciado que cerrará el Congreso, el Tribunal Constitucional y la Defensoria del Pueblo. Esta posibilidad ha generado terror en la ciudadanía, ya que dichas propuestas no seguirían el cauce constitucional, es decir, se trataría de un régimen golpista.
Es desolador pensar que en el momento en el que más necesitamos que las instituciones funcionen en defensa de la sociedad y en salvaguarda de nuestros derechos fundamentales, un candidato presidencial y en segunda vuelta, pretenda acabar con lo poco que queda de una institucionalidad pisoteada por los gobiernos de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti.
Las instituciones no deben ser desaparecidas para lograr un supuesto cambio que signifique una mejoría en el correcto ejercicio de las funciones para las que han sido creadas. Si los cuestionamientos apuntan a la pésima gestión de sus titulares, que se sigan los procedimientos para su destitución, pero de ninguna manera podemos aceptar este quiebre al orden democrático.

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