Uno de los principales objetivos de nuestro legislador penal ha sido establecer las medidas pertinentes para garantizar el pago de la reparación civil en los accidentes de tránsito. Esto a pesar de que el Código Procesal Penal de 2004 ya contiene medidas idóneas para asegurar los fines del proceso, principalmente el pago de la reparación civil, como es el caso del embargo o la orden de inhibición.
Mediante el Decreto Legislativo No. 1190 (2015) se creó la figura del “secuestro conservativo” sobre el vehículo que participó en un accidente de tránsito. El alto índice de accidentes de este tipo, capaces de ocasionar lesiones y hasta la muerte, determinó la necesidad de adoptar medidas que aseguren a los afectados las compensaciones por los daños y perjuicios generados. Uno de los bienes que está al alcance inmediato, regularmente incautado para las primeras actuaciones de investigación, es precisamente el propio vehículo con el que se ocasionó el accidente.
El decreto legislativo en mención incorporó en nuestro Código Procesal Penal el artículo 312-A, que prevé la medida de secuestro conservativo, medida cautelar de carácter real que puede ser requerida de oficio por el Ministerio Público o a iniciativa de la parte agraviada, siendo competente para dictarla el juez de la investigación preparatoria. La medida recae sobre los vehículos motorizados que pueden pertenecer al imputado o al tercero civilmente responsable, e implicará la desposesión física y la entrega del bien a un custodio, responsabilidad que no podrá recaer en ninguno de los mencionados. El custodio mantendrá en su poder el bien, entiéndase en un buen estado de conservación, hasta que la medida sea levantada por la absolución o sobreseimiento del proceso, y eventualmente cuando tenga que ejecutarse el bien para el pago correspondiente.
El imputado y el tercero civilmente responsable pueden solicitar la variación de la medida por otra que permita asegurar de modo razonable la reparación civil. De igual manera, se tendrá que sustituir por otra medida si el vehículo siniestrado resultó dañado considerablemente.
Como toda medida, el secuestro conservativo debe cumplir con ciertas exigencias para su imposición. En ese sentido, le alcanzan los presupuestos generales de la teoría cautelar, empezando por considerar la presencia de la verosimilitud del derecho invocado (en relación al daño ocasionado), el peligro en la demora (que puede traer como consecuencia la desaparición de los bienes) y la garantía que debe ofrecerse por los perjuicios que podría ocasionar, conocida como contracautela. Sin embargo, en la práctica se ha considerado como una medida automática que no amerita un esfuerzo de debate previo y motivación, lo cual podría traer excesos en su imposición.
Es posible que la aplicación mecanizada del secuestro conservativo derive en su desnaturalización. Por ello es importante que el juzgador se detenga a analizar si existen daños y estos están acreditados, si se puede sostener con ciertos elementos de convicción la imputación del accidente y efectuar una debida ponderación respecto al grado de afectación del derecho sobre el bien y el supuesto daño ocasionado. Por el momento, parece que vamos por buen camino.

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