Es preocupante que la incidencia de los delitos de infracción del deber en los que están involucrados funcionarios o servidores del Estado siga incrementándose en el Perú. A tal punto que hoy también alcanza a otros ámbitos profesionales: docentes, notarios, abogados, agentes inmobiliarios, etc. Este fenómeno suscitó el debate jurídico y político sobre la pena de inhabilitación, que implica la suspensión temporal o definitiva para el ejercicio de algunos derechos civiles y políticos, como es el caso de las funciones públicas o profesionales relacionadas con la conducta penal imputada.
Inicialmente, el legislador del Código Penal de 1991 consideró que la pena de inhabilitación podía ser temporal y con límites punitivos de seis meses a cinco años. Más tarde, a través de diversas modificaciones contempló márgenes punitivos más amplios, así como la posibilidad de regular la inhabilitación permanente, pero que en ningún caso implicaba la muerte civil, que es uno de los temas recurrentes en los debates electorales. También analizó la posibilidad de introducir la pena de muerte, aún a sabiendas de los diversos obstáculos que existen en su implementación desde un punto vista jurídico. Sin embargo, aun cuando la muerte civil y la pena de muerte fueran posibles en nuestro ordenamiento, no tendrían efectos retroactivos, es decir, no alcanzarían a casos anteriores a su vigencia. Esto nos demuestra que el “populismo” también es punitivo porque subestima a los electores, pese a tratarse, en ambos casos, de propuestas válidas.
Más allá del repetido discurso electoral, el 28 de abril de 2021 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley No. 31178, que estableció modificaciones en el Código Penal sobre la pena de inhabilitación. Mediante dicha ley, el legislador actual quiso poner orden para la duración de la inhabilitación principal: el artículo 38° del Código Penal es ahora el único que contempla la regla general de imponer esta pena de modo temporal de seis meses a diez años. Además, nos remite a un tratamiento especial de la inhabilitación más grave o permanente respecto a las licencias de conducir o de portar armas o la incapacidad definitiva para ejercer la función docente o administrativa en diversos niveles educativos para quienes fueran condenados por el delito de terrorismo.
A los supuestos anteriormente descritos se sumó, dentro de una regulación especial, la inhabilitación temporal de cinco a veinte años para los delitos contra la administración pública establecidos taxativamente en el artículo 426° del Código Penal, así como inhabilitación perpetua cuando el agente actúe como integrante de una organización criminal, cuando la conducta recaiga en programas sociales con fines asistenciales, aprovechando una situación de calamidad pública o emergencia sanitaria o comprometiendo la defensa nacional. También se contempló los supuestos de financiamiento del terrorismo, lavado de activos en sus formas agravadas y tráfico ilícito de drogas.
Pese al actual incremento del marco punitivo y establecido el carácter permanente de las inhabilitaciones en determinados delitos, aún estamos a distancia de una muerte civil, puesto que esto implicaría suspender el ejercicio de todos los derechos civiles y políticos, lo cual resulta un exceso en relación a otros derechos como la vida, la integridad o el libre desarrollo de la personalidad. Tal panorama constituye un imposible jurídico y un discurso incongruente en un Estado Constitucional de Derecho.

 

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