Los comunistas marxistas-leninistas del partido Perú Libre, sus simpatizantes, el Foro de Sao Paulo, los gobiernos regionales comunistas (Cuba, Venezuela, Nicaragua) y populistas de corrientes socialistas de izquierda (Bolivia, Argentina, México) están obsesionados para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame al comunista Pedro Castillo como presidente del Perú, a pesar que faltan resolver apelaciones y nulidades, pero increíblemente, el pasado día 15, Castillo se autoproclamó presidente electo.
La Constitución obliga al JNE a asegurar que la votación traduzca la expresión auténtica de los ciudadanos y el escrutinio sea reflejo exacto de la voluntad del elector (artículo 176°), además, debe apreciar los hechos con criterio de conciencia, con arreglo a ley y a los principios generales de derecho (artículo 181°), significa que debe considerar las afectaciones de la voluntad popular que han ocurrido en muchas mesas de votación y centros de sufragio, que no son situaciones aisladas sino evidencian graves irregularidades sistemáticas, manipulaciones externas y un presunto fraude.
El partido comunista marxista-leninista Perú Libre está obsesionado por comenzar de inmediato, el 28 de julio, a construir un gobierno radical, expansivo, confiscador y un Estado totalitario interventor y protector. Aunque Castillo presentó el pasado 17 de mayo un nuevo plan “Perú al Bicentenario sin corrupción” este mantiene el radicalismo y el mismo Castillo recalcó que no representa un reemplazo del Ideario Cerrón porque se basa en sus propuestas.
Pero la mayor obsesión de estos comunistas es cambiar la actual Constitución, si Perú Libre asumiera el gobierno, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum o en dos legislaturas ordinarias sucesivas con votación superior a los dos tercios del número legal de congresistas (artículo 206°), sin embargo, Cerrón, el dueño del partido, ha adelantado que no seguirán esta vía, sino “que el Ejecutivo haga un proyecto de ley y lo mande al Congreso, si lo rechaza se vuelve a presentar por insistencia y si se rechaza se hace cuestión de confianza del gabinete, y si cae un gabinete ya sabemos que pasa constitucionalmente cuando cae un segundo gabinete”.
Finalmente, si lograran cambiar la Constitución, su máxima obsesión es destruir las libertades de mercado, empresa, industria, finanzas, libertades individuales y de expresión, además eliminarán el impedimento de reelección presidencial inmediata (artículo 112°), y si el Congreso y los peruanos democráticos no los detendríamos, podrían perpetuarse indefinidamente en el poder, como en Cuba (62 años), Venezuela (22 años) o Nicaragua (14 años).

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