La demanda de inconstitucionalidad contra la ley 30683 presentada ante el Tribunal Constitucional -TC- el 30 de enero del 2018, por el Gobierno de P.P. Kuczynski en relación con las pensiones militares y policiales, tiene sin duda, un importante componente político, que nace de una extrema izquierda antagónica a las FFAA, a la que siempre ha combatido, y que tuvo gran influencia en ese gobierno, como la tiene ahora con el presidente Vizcarra. Pero el problema se inicia con la aprobación del Decreto Legislativo 1133 dirigido contra estos pensionistas. Todo lo cual ocurrió de manera sorprendente por la acción de un militar, que llegó a Presidente de la República, financiado por el chavismo venezolano, el Tte. Coronel EP (r) Ollanta Humala Tasso.

En la mayoría de los países civilizados, el régimen pensionario militar y policial es una de las principales compensaciones que tiene el personal que presta servicios en esas entidades, por tratarse de un empleo diferente a los demás, cuya actividad implica riesgos de vida y seguridad personal, así como limitaciones constitucionales a su propia libertad, como ocurre por ejemplo en el Perú. Por eso no fue raro que contra lo anteriormente señalado, y cumpliendo al parecer órdenes foráneas, uno de los propósitos importantes e inmediatos de ese gobierno fue destruir el sistema de pensiones militar policial, perjudicando notoriamente a esos pensionistas, confundiendo al personal en actividad acerca de su futuro, y desalentando a los jóvenes, que puedan aspirar a estas profesiones; y lo hizo a través del citado Decreto Legislativo 1133.

Pero además de ello, el mencionado dispositivo legal estuvo muy mal conceptualizado, y exhibía un texto deficiente, por las contradicciones grotescas en que incurría, que lo hacía legalmente inaplicable. Esto motivó que el Congreso de la República aprobara una ley modificatoria, y la promulgara -ante la negativa de hacerlo del presidente PPK- que es la ley 30683, y que lo hiciera sin ningún voto en contra. Lo que revela el nivel de comprensión que hubo en la representación nacional, respecto de la imposibilidad de que dicha norma pudiera continuar vigente con ese texto. No se trataba pues, como algunos pretenden hacer creer, que la citada ley tuvo como propósito aumentar los montos de dichas pensiones. Si así hubiera sido, no se habría aprobado, y mucho menos con el mencionado resultado de la votación.

Por eso es muy preocupante lo declarado por la presidente del TC, cuando dice “que hay que analizar si el aumento de las pensiones militares es o no inconstitucional”. Una cosa es que lo digan los diarios concertados que le hacen el juego al gobierno, y otra que lo diga la persona más representativa del TC y que tiene que participar en la decisión de esta demanda. Sobre todo, porque parte de una premisa absolutamente inexacta, que podría llevar a ese tribunal a una conclusión falsa y consecuentemente perjudicial.