Declarar además la inconstitucionalidad de la citada ley haría que este personal vuelva a estar sujeto al texto original del Dec. Legislativo 1133, cuya aplicación siempre fue inviable, no solo por sus incongruencias insalvables, sino porque contiene una toxina de destrucción castrense inaceptable, que permite que determinado personal perciba ingresos y beneficios, superiores a otros de mayor jerarquía, lo que afectaría -como ya ha ocurrido- a aspectos que atañen también a la dignidad y disciplina, sin las cuales ninguna institución castrense puede sobrevivir.

Si bien el aumento de dichas pensiones no fue, en modo alguno, la razón de ser de la mencionada ley 30683, la única forma de corregir la citada inequidad, y hacer coherente dicha norma legal, obligó a efectuar algunos ajustes económicos en las mismas, que no han sido especialmente significativos. Pretender por ello, la declaración de inconstitucionalidad de la citada ley, alegando que los congresistas no tienen iniciativa de gasto, tal como se trata de justificar en la citada demanda del Ejecutivo, es una forma burda de tergiversación de la norma constitucional, ya que esta se refiere únicamente a iniciativas de casos referidos a beneficios económicos personales como propósito de una ley. Y son numerosos los casos que demuestran la procedencia de estas iniciativas, en casos distintos.

Que se declare fundada dicha demanda por el TC, es extremadamente preocupante, por los perjuicios que podría traer para los miembros de las FF.AA. y PNP, por el mensaje de ingratitud y desaliento, y especialmente de politización de la actividad castrense y policial, porque no habría otra explicación. Y se está pretendiendo, además, anular lo poco que en vía de rectificación se aumentó -después de más de dos años de percibirlo-, como consecuencia de la modificación de la ley 30683. Y si a eso se añade, una evidente mala voluntad para que no prevalezcan valores y principios inmanentes a las instituciones castrenses y policiales, la cosa es aún más grave.

Respalda también la idea de que esta demanda ha sido producto de una presión política de la izquierda que lo ha hecho actuar así, que el ex presidente PPK, cuando fue candidato en las últimas elecciones, se pronunció públicamente en favor del reordenamiento de estas pensiones, y ya siendo presidente, primero se niega a promulgar la ley, y cuando esta es promulgada por el Congreso, presenta una demanda de inconstitucionalidad. Todo ello es aún más grave, cuando se sabe que los ministros de Defensa y del Interior no estuvieron de acuerdo con la presentación de esa demanda, y por tanto no firmaron ese acuerdo del Consejo de Ministros. No obstante lo cual y a sabiendas de eso, el TC declaró la admisibilidad de esa demanda. Se puede ver el detalle en mi artículo publicado en el diario Expreso (día 05-09-18)- titulado UNA ADMISIBILIDAD INDEBIDA. Hay que preservar la existencia y moral de nuestras FFAA y PNP. La patria las necesita.