El objetivo general del proceso de adhesión a la OCDE es promover la convergencia de Perú con los estándares, las mejores políticas y las mejores prácticas de la OCDE. Debido a esto, en setiembre último, la OCDE publicó un estudio económico sobre Perú, en el que hacía mención de importantes hallazgos y varias recomendaciones que nuestro país debe seguir para mejorar sus condiciones.

Por ejemplo, nos dice que la deuda pública en Perú ha aumentado y que, si bien la economía se ha recuperado de la recesión prolongada por la pandemia, últimamente se ha ralentizado en un contexto de conflictos sociales. Se recomienda que la política fiscal apoye a la política monetaria en la lucha contra la inflación.

También mencionan que la recaudación tributaria actualmente es el 17% del PBI y es insuficiente para lograr mejoras sustanciales en protección social y servicios públicos, como la sanidad y la educación, así como para conseguir un crecimiento inclusivo y sostenible. Se recomienda reforzar la administración tributaria y reducir la evasión fiscal mediante un mayor uso de tecnologías de la información y la verificación cruzada de información entre distintas fuentes.

Se recomienda racionalizar los regímenes de tributación para las pequeñas empresas mediante la fusión de los regímenes intermedios.
La descentralización fiscal es incompleta. Se recomienda clarificar las responsabilidades de gasto de cada nivel de gobierno; y además, llevar a cabo una reforma integral de las finanzas de los gobiernos subnacionales, que incluya la concesión gradual de más competencias tributarias a nivel regional.

Muchos mercados están dominados por un reducido número de grandes empresas. Se recomienda reforzar la aplicación de la legislación de defensa de la competencia y mejorar la detección de convenios entre empresas para evitar la competencia, imponiéndose posiciones dominantes.
Los obstáculos a la creación de una empresa se deben en gran medida a los retrasos y complejidades en la obtención de licencias y permisos municipales de funcionamiento y construcción. Se recomienda introducir ventanillas únicas que integren los trámites municipales y nacionales para crear empresas.

La elevada corrupción afecta significativamente el entorno empresarial, el Estado de derecho y la capacidad de implementación de las políticas. Se recomienda establecer una estrategia integral para una disuasión eficaz de la corrupción mediante el fortalecimiento de las medidas preventivas anticorrupción.

El Sistema judicial carece de transparencia, accesibilidad, eficacia e imparcialidad. Se recomienda reducir la proporción de jueces interinos, sustituyéndolos por puestos de carrera.
El Servicio Civil está fragmentado y depende en exceso de contratos de servicios ad hoc, con una elevada rotación y escasos incentivos para la carrera profesional. Se recomienda mejorar los incentivos individuales e institucionales para que los funcionarios transiten al nuevo servicio civil.

Las brechas de infraestructura requieren una inversión significativa. Se recomienda, mejorar la calidad técnica de la planificación nacional de infraestructuras y la coordinación y coherencia de los planes nacionales con la ejecución de los proyectos locales de infraestructuras.
80% de los trabajadores tienen empleos informales. Se recomienda establecer una estrategia integral para fomentar la formalización, que incluya una reducción de los costos laborales no salariales, en particular en el caso de los trabajadores con ingresos bajos, una normativa laboral más flexible en materia de contratos indefinidos, y una aplicación más estricta de la legislación y mejoras en la administración tributaria.

La pobreza de 25% está por encima de los niveles anteriores a la pandemia. Se recomienda, ampliar la cobertura y las prestaciones de los programas de transferencia monetarias para los pobres, tomando como base el actual programa de transferencias monetarias condicionadas “Juntos”.
La cobertura de las pensiones es baja. Se recomienda, ampliar la cobertura y las pensiones del régimen no contributivo de pensiones.

El sistema sanitario público, insuficientemente financiado, ofrece cobertura gratuita a la población desfavorecida, mientras que los trabajadores formales pagan cotizaciones por servicios de calidad similar. Se recomienda mejorar el acceso a servicios sanitarios de calidad mediante la integración de las múltiples aseguradoras públicas, recurriendo en mayor medida a los ingresos tributarios generales.

Una gran proporción de maestros no alcanza los requisitos mínimos de calidad. Se recomienda, seguir mejorando la formación inicial, la contratación y la selección de los maestros, y promover ascensos y recompensas basados en los méritos, incluidos incentivos para la reasignación de maestros a escuelas desfavorecidas.

Finalmente, para afianzar el desarrollo sostenible, se recomienda acelerar los avances en la descarbonización de la economía mediante regulaciones más estrictas y señales de precios más coherentes, incluyendo un impuesto al carbono, mientras se apoya a los hogares vulnerables con transferencias monetarias focalizadas y temporales.

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