El Tribunal Constitucional (TC), como lo conocemos, tiene su origen como institución orgánica en la Constitución de 1979 la misma que se promulga como pacto social emanado de la respuesta política que se da al culminar el gobierno militar iniciado en el año 1968 (golpe de Velasco Alvarado). Dicha Constitución, producto del debate dado al interior de la Asamblea Constituyente que presidio Víctor Raúl Haya de la Torre, incorpora el denominado Tribunal de Garantías Constitucionales teniendo como competencias: ver en Casación las sentencias denegatorias emitidas por el Poder Judicial en los procesos de amparo y habeas corpus, y la acción de inconstitucionalidad.

Como otra respuesta política, a raíz del auto golpe de del 5 de abril de 1992, y bajo presión internacional se elegio un Congreso Constituyente Democrático, que elaboro un proyecto de Constitución aprobado luego en el Referéndum llevado a cabo el 31 de octubre de 1993. Esta Constitución modifica el nombre del original Tribunal de Garantías Constitucionales y lo convierte en el actual TC, dándole competencias similares no casatorias en lo que se refiere a las resoluciones denegatorias de los procesos de amparo y habeas corpus (se agrega lo concerniente a los procesos de cumplimiento y habeas data), precisando que será una última y definitiva instancia, valiéndose los justiciables para llegar a ello del denominado Recurso de Agravio Constitucional; igual vera en instancia única los procesos de inconstitucionalidad, así como el novedoso proceso competencial destinado a resolver los conflictos generados entre los poderes del Estado u otros entes burocráticos.

Si bien la Constitución no precisa que el TC es el supremo interprete de la misma, el articulo primero de la Ley 28301 de manera expresa lo materializa “es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad”, sin dejar de lado la atribución que, los jueces al resolver los procesos de la justicia ordinaria, tienen de aplicar el denominado control difuso, vale decir hacer prevalecer la Constitución sobre la ley y ésta sobre cualquier otra norma de rango inferior.

Esta atribución del TC de supremo interprete, le otorga la facultad vía proceso de amparo y/o habeas corpus a poder revisar las decisiones judiciales que con la calidad de cosa juzgada son emitidas por el Poder Judicial y, por ende, dejarlas sin efecto cuando consideren que las mismas han sido emitidas arbitrariamente en desmedro de los derechos constitucionales de toda persona sea natural o jurídica.

Ahora bien, el TC dicto la sentencia 004-2004-CC/TC Lima, en la que recogiendo la vasta doctrina constitucional nacional y europea, estableció una clasificación de sus sentencias, por razones de espacio, comentare sucintamente las denominados “Sentencias de principio”. Son aquellas que interpretan de manera definitiva toda norma, generando los denominados precedentes vinculantes cuya aplicación es de obligatorio cumplimiento para todos los jueces (Ver Primera Disposición Final de la Ley 28301) desarrollando a partir del caso concreto, jurisprudencia y doctrina que servirá a los jueces de parámetros de interpretación constitucional al momento de resolver. Es innegable, que las sentencias dictadas por el TC pueden ser analizadas y/o criticadas como lo manda el articulo 139 inciso 20 de la Constitución, pero guardando la debida cordura, habida cuenta que el análisis debe versar alrededor de puntos jurídicos y no sobre el estado de ánimo del criticante. Por ejemplo, el que escribe no esta de acuerdo en que sea de obligatorio cumplimiento los precedentes vinculantes del TC, podrán servir de orientación sí, pero quitarle independencia a los Jueces ordinarios colisiona con la propia Carta Magna especialmente con la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional.

JUEZ SUPREMO