Lawfare acreditado en Perú: El caso Alan García

Lawfare acreditado en Perú: El caso Alan García

El lawfare o judicialización de la política para perseguir adversarios e intentar anularlos y encarcelarlos es un fenómeno que no es privativo del Perú; apareció en todas partes de Latam y del mundo. Usualmente estas tramas tienen por protagonistas fiscales y jueces con ansias de dinero y sobre todo de exposición mediática para luego incursionar en la política. Posteriormente sale a la luz que muchas de sus sentencias o disposiciones estuvieron motivadas por agentes externos o fines subalternos. Es una figura terrible y dañina para la institucionalidad republicana, una cuestión que todos los demócratas debemos combatir.

En Perú -tras las declaraciones de Jaime Villanueva, el otrora asesor de Patricia Benavides- se acaba de acreditar, o mejor dicho de confirmar lo que muchos afirmamos hace años: que en el caso del expresidente y líder del APRA Alan García hubo una persecusión innoble y que atropellaba sus derechos fundamentales. Lawfare pues en su máxima expresión. Villanueva detalla que existieron coordinaciones entre Vela -líder del equipo LavaJato- y Gustavo Gorriti para intentar encarcelar y demoler a Alan García. Según Villanueva el incapaz de Vela Barba se jactaba incluso de aquella irregularidad afirmando que le cobraría el “favor” a Gorriti.

Alan había acudido a declarar alrededor de 60 veces al Ministerio Público, cuando falleció no había acreditado ningún soborno, ningún depósito en cuenta alguna, ningún paraíso fiscal, ningún dicho de los brasileños sobre él, ni siquiera una Comisión Congresal liderada por enemigos del APRA pudieron probar desbalance patrimonial. Nada, tan solo una conferencia internacional que el mismo Gorriti negó que hubiese afirmado que se trataba de una coima cuando fue repreguntado en TV. Es decir no tenían argumentos. Las falsas afirmaciones de Atala y Nava salen luego de que el expresidente falleciera. Todos dichos sin corroboración o prueba alguna. Han pasado casi 5 años y esas infamias siguen impunes.

Alan tenía que declarar ese fatal 17 de abril de 2019 en la Fiscalía, no hacía falta una operación grotesca implementada por la DIVIAC y Colchado en su domicilio; si querían detenerlo pudieron aprovechar la audiencia. No había apuro legal alguno por cierto, estaba con impedimento de salida del país. La declaración de Barata venía a los pocos días, lo que hubiera sido un elemento adicional si es que estaban convencidos del delito que le atribuían. Pero sabían que Barata no iba a decir nada. Querían solo la humillación pública de AGP. Recordemos la grabación donde el brasileño le dice al abogado de Alan García, Erasmo Reyna : “él nunca pidió nada”.

Alan fue perseguido por esta organización criminal en la Fiscalía, cuyo cerebro externo era Gorriti, todos ellos apoyados por Vizcarra, desde el poder Ejecutivo que presionó para evitar el asilo del expresidente y que recordemos había sido acusado por el propio García de digitar una vigilancia extraña por parte de una camioneta con el claro fin de chuponearlo ilegalmente.

Nos toca a los apristas y a los peruanos de bien, a los demócratas sin odios, y con objetividad pedir que todos los que participaron en esta injusticia sean procesados y sancionados.

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