El presidente del Consejo de Ministros Walter Martos señaló, en su presentación ante el Congreso de la República al solicitar el voto de confianza para el gabinete que preside, que otro de los problemas por resolver en el país, tan graves como la pandemia que vivimos, es el de la corrupción.

Y no habrá lucha eficiente, si no ponemos interés en el sistema de justicia y el gobierno no hace lo adecuado por apoyar con fuerza y de manera decidida a los organismos que tienen competencia, en todos sus extremos, con la administración de justicia, del mismo modo como es necesario hacerlo en el nivel político, con sus organizaciones y representaciones ciudadanas a través de ellas.

Ha sido un acierto del titular del Consejo de Ministros, anunciar una serie de medidas que tomará el gobierno destinadas a fortalecer a los entes encargados de administrar justicia, debido a que es consciente de que la reforma de la justicia “requiere de un esfuerzo conjunto y coordinado de todas las instituciones y de largo aliento”. Este convencimiento fue lo que les llevó, según señaló el ministro, a promover “la creación del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia con la finalidad de formular y ejecutar una política nacional”.

En esta línea, Martos consideró como prioritarias las siguientes líneas de acción: “la revisión del rol de la Academia de la Magistratura, con la finalidad de fortalecer las competencias profesionales y éticas de jueces y fiscales; enfrentar la provisionalidad de jueces y fiscales, para que estos accedan a través de procedimientos meritocráticos y cuenten con las garantías para preservar su imparcialidad”, anhelos estos largamente reclamados por el Poder Judicial, entre muchas otras acciones que las fue desarrollando dentro de las limitaciones de su precario presupuesto.

Entre dichas acciones se encuentran, por ejemplo, los avances logrados a la fecha, en la necesaria modernización del PJ dotándolo de las herramientas técnicas modernas acorde al desarrollo de la tecnología contemporánea. Por ello no podemos dejar de coincidir con lo que señaló en el congreso que siendo uno de los aspectos más relevantes la celeridad y transparencia de los procesos judiciales se haga fundamental “la digitalización e interoperabilidad de la justicia, lo cual tendrá como resultado el acceso remoto para los ciudadanos y mayor eficiencia por parte de los operadores de justicia”. “Haremos –anunció el titular de la PCM– una inversión total de 358 millones de dólares, para implementar a nivel nacional el Expediente Judicial Electrónico y de la Carpeta Fiscal Electrónica, con la finalidad de dotar de mayor celeridad a los procesos penales y no penales”. Siendo importante reclamar para que exista coherencia en el propósito, que todo el Perú tenga acceso a Internet y así la población que vive en los parajes recónditos de nuestro país tenga la oportunidad de ejercer su derecho a una tutela jurisdiccional efectiva, de no democratizar el uso de las redes sociales las buenas intenciones quedaran en ello, en intenciones.

Esta ha sido una preocupación constante de jueces y trabajadores del PJ, debido a que el componente de servicio como valor en la administración de justicia podría perder su contenido, si ello no fuera de la mano con los reales intereses de la población que requiere de este servicio. En artículos anteriores y en diversos momentos, nos hemos ocupado de la necesidad de dotar al PJ con los recursos presupuestales adecuados para impulsar la modernización en su labor diaria, contando, para ello, con las tecnologías de punta, además de una actualización y formación permanentes de su personal.

El país escuchó al presidente del Consejo de Ministros, cuando dijo en el Congreso de la República: “no tendría sentido aceptar un cargo público sino existe en nuestro corazón amor y vocación de servicio hacia el pueblo (…) en estos momentos sumamente difíciles que vive el país, es cuando el pueblo más necesita que trabajemos juntos”. Le tomamos la palabra.

Juez Supremo