Osinergmin ha dado por resuelta la llamada “guerra eléctrica”, estableciendo por resolución (Osinergmin-092-2021-OS/CD) lo que se venía reclamando desde el año 2016: que los costos de las componentes del gas natural -suministro, transporte y distribución- son variables. Así se acaba con la distorsión de precios en el mercado de corto plazo (MCP), con beneficios para cuatro generadoras y 1,442 empresas que podían transar directamente con ellas y perjuicio de 30 millones de peruanos. Hay varias lecciones que deja esta confrontación, que las divido en tres ámbitos: gubernamental, consumidores e inversionistas.
El sector gubernamental, es decir, el Ministerio de Energía y Minas, a través de sus funcionarios, con poquísimas excepciones, mostró indolencia supina. Entre timoratos y desconocedores del tema, solo actuaron cuando recibieron mandato de una Sala Constitucional de la Corte Suprema, del que pretendieron escabullirse. Cuando no quedó alternativa, abdicaron de su rol normativo y le pasaron la responsabilidad al Osinergmin. La lección que quedará para el nuevo gobierno es: nombren un ministro que tenga conocimiento, independencia y no sea dubitativo en las decisiones
En los 1,442 consumidores beneficiados por el bajísimo precio al que compraron la energía, y a los pretendientes a conseguir lo mismo, les debe quedar claro que es necesario que se informen y sean conscientes de que lo ocurrido fue consecuencia de un manejo abusivo de la normativa, que los precios eran irreales, que los vendedores actuaban así con la producción ajena, porque la propia la vendían al resto de peruanos a precios 160% superiores.
Finalmente, a los inversionistas, a los que están aquí y lo que analizan posibilidades de ingresar al mercado, les debe alentar que existe un regulador del mercado, Osinergmin, que ha actuado con independencia, que la formación de precios se da por mecanismos de competencia y aunque las enmiendas a las distorsiones tardaron, al final se hicieron. Se ha dado una señal de confianza.
Las nuevas reglas deben ser materia de aplicación a partir del 1 de julio próximo, y los 30 millones de peruanos, agrupados en 7.6 millones de suministros, se beneficiarán con una reducción global anual del orden de 230 millones de soles.

 

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