Lesa humanidad: ¿y los terroristas?

Lesa humanidad: ¿y los terroristas?

La Comisión de Constitución del Congreso ha aprobado un dictamen que no habría delitos de lesa humanidad si estos hubieran ocurrido antes del 2002. Se supone que es para proteger y garantizar la seguridad jurídica de todos aquellos miembros de las Fuerzas Armadas y policiales que soportan juicios interminables desde lo guerra contra el terrorismo en los años 80 y 90 del siglo pasado. Las intenciones son buenas y justas pero trae consecuencias inusitadas. Por ejemplo, los grandes movimientos terroristas de la época como Sendero Luminoso y el MRTA cometieron delitos de lesa humanidad contra la población civil. Los Quispe Palomino que operan en el Vraem son conspicuos violadores de derechos humanos que no prescriben según el derecho internacional basado en los tratados internacionales, la costumbre y los principios generales del derecho integrados a nuestra constitución. Los delitos de lesa humanidad no prescriben y es por eso que desde los juicios de Nuremberg contra los nazis, esta escoria de la humanidad es perseguida hasta la fecha independientemente de la edad que tengan los presuntos violadores de derechos humanos.

El Perú no solo ha suscrito tratados como el Estatuto de Roma, y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad , sino que según la costumbre internacional se ha adherido a través de múltiples resoluciones de la ONU en favor de la imprescriptibilidad de esos delitos. El dictamen aprobado por la Comisión de Constitución del Congreso es manifiestamente inconstitucional y de ser aprobada en el pleno será objeto de escrutinio por el Tribunal Constitucional. Incluso hay un caso, el de las Gardenias en 1987. En octubre último, el juez Deza ordenó prisión preventiva en contra de Peter Cárdenas, María Cumpa, Lino Manrique y Alberto Gálvez Olaechea que ya están a buen recaudo en el extranjero. Ninguno de estos terroristas que cometieron delitos de lesa humanidad podría ser juzgado por ellos porque según el proyecto de ley de la Comisión de Constitución ya habrían prescrito. Lo mismo sucede contra los Quispe Palomino que secuestran, torturan, adoctrinan niños y masacran pueblos enteros antes del 2002. El hecho es que teniendo por fin salvar de la injusticia a los militares y policías que lucharon contra el terrorismo también se estaría otorgando impunidad en materia de delitos de lesa humanidad cometido por terroristas. Las intenciones son buenas, pero el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. El error no es de los congresistas, sino de los asesores de la Comisión de Constitución que ha abierto esta paradoja dejando a los congresistas en una posición jurídica endeble en el derecho internacional. Costumbre, principios generales y tratados se oponen a esta endeble iniciativa.

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