Gracias a la doctrina del levantamiento del velo societario, la personalidad jurídica de una sociedad, sobre todo comercial, no impide que los socios asuman responsabilidades frente a terceros o de respeto al ordenamiento jurídico.

“Mutatis mutandis”, es decir, cambiando lo que haya que cambiar, esto mismo corresponde hacer pero no en cuanto a la personalidad jurídica sino respecto al secretismo absoluto que rodea al acuerdo que un fiscal peruano de mínimo nivel, con anuencia de otro fiscal de rango intermedio y de un funcionario designado a dedo por el Poder Ejecutivo (procurador), celebró en febrero de 2019 con la empresa corrupta Odebrecht y cuatro personas naturales vinculadas a ella. Dicho acuerdo fue aprobado, mediante sentencia de 17 de junio de 2019, por una jueza de primera instancia y hasta hoy permanece oculto, sin que, aparentemente (ello está por verse), hubiera sido siquiera conocido por las máximas autoridades del Ministerio Público, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo.

Pese a la oscuridad que lo rodea y a que sus gestores pretenden erigirlo en isla fortificada inmune a toda rendición de cuentas y fiscalización, ya dicho acuerdo ha tenido públicos efectos como libertad personal y pleno dominio de sus bienes para los ex funcionarios corruptos y corruptores de la empresa brasileña, el pago a ésta de 524 millones de soles a inicios del año, así como la posibilidad de que siga contratando con el Estado peruano, entre otros.

Hace varias semanas llegó a mí la referencia de que en una biblioteca digital internacional estaba registrada copia íntegra de la resolución judicial arriba mencionada, facilitada por varias personas, incluso un medio de prensa peruano, que váyase a saber cómo lograron tenerla.

Preferí no acceder directamente a esa biblioteca y pedí que sea la Comisión de Justicia del Congreso de la República, en ejercicio de la facultad congresal constitucional de fiscalización, la que solicitara la información al Ministerio Público y el Poder Judicial. Ambas instituciones respondieron negándose a proporcionarla, alegando supuesta condición de “reservada”, como si el Congreso no tuviera acceso y no manejara información secreta y de máxima seguridad.

Mi pedido para que ante la negativa se insista en solicitar la información fue lamentablemente bloqueado por congresistas de las bancadas de AP, FA, Morados y Frepap. Así las cosas, tramité mi acceso a la biblioteca virtual y visualicé el documento de 284 folios y obtuve luego copia impresa mediando acta notarial. Me encuentro en pleno estudio del documento.

Ya no hay velo que cubra posibles responsabilidades de los autores del acuerdo.