En el año 2011, el parlamentario Iván Cepeda denunció al ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, por supuestos vínculos con grupos paramilitares en su país. Los testigos que presentó Cepeda en la denuncia eran Pablo Sierra y Guillermo Monsalve. En febrero del año siguiente, Uribe recibe información de que Cepeda estaba buscando, en cárceles colombianas, a testigos que lo incriminen a cambio de dádivas y beneficios. Así el senador Uribe denuncia al congresista Cepeda por falsos testigos. En junio de 2013, se amplía la denuncia en contra de Cepeda. El 16 de febrero de 2018 la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado José Barceló -quien es notorio enemigo político de Uribe- se abstuvo de investigar a Cepeda y, más bien, decidió investigar al senador Uribe, quien fue notificado -recién- 5 meses más tarde en julio de 2018.

El 22 febrero de 2018, el testigo Monsalve citó al abogado Diego Cadena -parte del equipo jurídico del senador Uribe- y, en presencia del abogado de Monsalve, manifestó su voluntad de retractarse de la denuncia que había hecho en 2011 y señaló, frente a los dos abogados, que había actuado bajo presión de Cepeda. Ese mismo día el abogado Reinaldo Villalba (miembro de un colectivo llamado José Alvear Restrepo, quien es además abogado de Iván Cepeda) denunció al ex presidente de Colombia por presunta manipulación de testigos. El magistrado Barceló ordenó interceptaciones telefónicas que supuestamente usaría luego como prueba. Las constantes filtraciones a la prensa de lo que se venía actuando en los tribunales colombianos lleva al senador Uribe en mayo de 2018 a enviar una carta en la que se certifique si estaba siendo investigado por la justicia.

En ese mismo mes, la Corte Suprema de Justicia le responde al senador Uribe no hay investigación, a pesar de que varias personas del entorno cercano al ex presidente estaban ya bajo interceptaciones telefónicas y las investigaciones en su contra se habían avanzado desde hacía meses. Más filtraciones del sumario de la investigación a la prensa, llevan a que el 27 de junio de 2018 senador Uribe eleve una petición a la Corte Suprema para que le informen si está siendo investigado por el tema en particular y solicita ser escuchado en versión libre. El 26 de julio de ese año la Corte notifica al senador Uribe de que está siendo investigado y se le niega la versión libre -derecho consagrado y muy comúnmente concedido en el sistema penal colombiano-. En setiembre del año pasado el magistrado César Reyes toma declaraciones y excluye la de tres testigos que afirmaban haber sido presionados por Cepeda para testificar falsamente contra el senador Uribe. El 8 de octubre se abre indagatoria.

El 5 de agosto, la Corte Suprema ordena la medida de detención preventiva domiciliaria contra Uribe bajo el argumento de que su libertad podría entorpecer el cauce procesal de las investigaciones. Importante es señalar que los mismos magistrados consideraron darle libertad al narcotraficante y terrorista Jesús Santrich, para que este lleve su proceso en absoluta libertad. Con el ex presidente Uribe contagiado con CoVid-19, con su señora esposa con la salud muy resquebrajada y con clarísimo arraigo y ningún sustento del supuesto obstruccionismo procesal, se ha privado -cautelarmente- la libertad a un hombre que tendría que ser libre hasta que -hipotéticamente- la justicia pruebe lo contrario. La prisión preventiva es una medida de última ratio y claramente en el caso del señor Uribe el sistema legal ofrece una gama amplia de posibilidades menos lesivas que prisión para quien no es nada más que un investigado.

Así, tras un proceso plagado de irregularidades, el que quizás ha sido el mejor presidente que Colombia ha tenido en lo que va del siglo, quien fue un dique de contención contra el chavismo y quien prácticamente derrotó a las FARC hoy está preso mientras quienes desangraron a Colombia con terror y envenenaron al mundo con cocaína no solo son libres, sino que están sometido a un sistema especial de justicia y tienen escaños asegurados como cuota en el parlamento. Todo después de que la mayoría de los colombianos se opusiera al acuerdo de paz con el terrorismo que finalmente el ex presidente Santos firmó.

Quienes creemos en el Estado de Derecho y hemos sido testigos del abuso constante e impenitente de prisiones preventivas en nuestro país, no podemos mantener silencio frente a un atropello como este. Menos cuando el mejor momento de las relaciones entre el Perú y Colombia se dio durante los años de gobierno de Uribe y quien guardó siempre especial afecto por nuestro país -no dudó en venir el mismo a entregar ayuda tras el terremoto en Pisco-. El ex presidente Uribe está siendo sometido a una prisión política injustificable. Al seguir siendo -sin duda- el político más popular y poderoso de Colombia resulta muy cómodo para demasiados canallas quebrar el sentido cautelar de las medidas penales para quitarse a un tremendo enemigo de enfrente. Desde aquí mi solidaridad con el presidente Uribe y con su familia. La verdad lo hará libre. Solo esperemos que sea pronto. Es de justicia.