Considerar al derecho como un sistema permite establecer relaciones entre las normas que pertenecen a diferentes especialidades jurídicas. En algunos casos pueden ser relaciones de tipo complementarias (normas de desarrollo o de remisión) o también relaciones en las que existan límites formales o materiales. En ese contexto, es importante la relación que existe entre el principio de interés superior del niño y la función de persecución, sanción y ejecución penal, que no solo es un límite material, sino también permite dotar de razonabilidad a la actuación de los órganos de promoción de la acción, juzgamiento y ejecución penal.

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es el instrumento internacional con el mayor número de ratificaciones estatales que provee al sistema nacional del principio en mención. La CDN coloca la protección y cuidado de los niños, niñas y adolescentes en el grado máximo, del que se desprende un deber de protección o tutela para todos los operadores del Estado y, en especial, a los del sistema de justicia. Esta protección máxima al principio de interés superior del niño alcanza una trascendencia significativa en el derecho penal peruano, en el que se observan las siguientes decisiones al respecto:

1. El interés superior del niño como causal de disminución de la punibilidad, que se materializa, según la Corte Suprema, “cuando el imputado y la agraviada forman ya una unidad familiar estable y tiene hijos menores de edad, y el primero cumple con sus obligaciones” (Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2018/CIJ-433, fundamento 24).

2. Para la disminución y conversión de la pena privativa de libertad, se ha establecido que “(…) no se puede desconocer que la pena privativa de libertad del único sostén del menor es altamente gravosa para éste (…)” (Recurso de Nulidad N° 2341-2018, Lima, fundamento 13.3).

3. En los actos de investigación fiscal, que implicará tomar en consideración en sus diligencias la afectación directa o indirecta a los niños, niñas y adolescentes y adoptar las medidas menos invasivas para el logro de sus objetivos (STC. N° 01587-2018-PHC/TC, fundamento jurídico 30). En esa misma medida, se ha considerado también, dentro de las normas para la conversión de pena privativa de libertad, la vigilancia electrónica a madres gestantes y madre o padre que sea cabeza de familia con hijo menor, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado (artículo 29°-A del Código Penal).

Considerar límites como los desarrollados para la actuación punitiva dota a este ámbito del derecho de razonabilidad, siendo importante que con ese mismo impulso se considere los derechos de personas con discapacidad y de los adultos mayores. El derecho penal no es un instrumento de venganza, sino de prevención y protección de bienes valiosos. Sería un contrasentido que el propio Estado pase por alto estos valores inderrotables que, además, una vez vulnerados, generan situaciones de daño irremediable, máxime si se trata de niños, niñas y adolescentes.