La infraestructura de transporte es intensiva en uso de capital, de allí que la decisión estatal hasta la fecha ha sido concesionarla con un cofinanciamiento utilizando fondos públicos, de manera que el concesionario pueda recuperar su inversión por el cobro del servicio, sin que el costo para el usuario resulte oneroso.

En cartera están hace bastante tiempo las líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao, y con el avance que se tiene a la fecha que es a nivel de prefactibilidad, se estima una inversión de 5,000 millones de dólares (MMUS$) cada una. Bajo el esquema seguido hasta ahora habría un cofinanciamiento del orden del 30%, es decir que en total el Estado aportaría 3,000 MMUS$.

En este orden de ideas ha generado desconcierto el anuncio de Martín Vizcarra en su mensaje a la nación, afirmando que estas obras se harán de gobierno a gobierno (G2G). Se presentarían tres posibilidades: 1) que sea una obra pública, con lo cual el Estado tendría que invertir 10,000 MMUS$; 2) que sea obra pública la infraestructura para luego concesionar el servicio, y 3) que sea una concesión con cofinanciamiento estatal.

Con el nivel de ingeniería que hay a nivel de prefactibilidad, el margen de error en la inversión puede llegar hasta el 50%, utilizando los parámetros actualizados a marzo de 2019, por la Association Advancement Cost Engineering (AACE), entidad con más de 60 años de experiencia en el rubro. Esto significa que fácilmente la inversión total podría pasar de 10 mil a 15 mil MMUS$.

Tomar una decisión que sea diferente a la concesión con cofinanciamiento sería exponerse a demasiado riesgo. Si la racionalidad va en este sentido, el G2G sería para ocupar el rol de Proinversión, y habría tres cosas por discutir: ¿se cierra Proinversión?, ¿el concedente que siempre es un ministerio abandona el rol de gestor del contrato? y ¿quién supervisa la corrección del proceso de otorgamiento y la modificación de montos en la construcción dado que la Contraloría no interviene en estos casos?

El Gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas y de Transportes y Comunicaciones tiene la palabra. Se supone que ya tienen decisión tomada dado el anuncio del pasado 28 de julio que debería haberse discutido en Consejo de Ministros.