Este último quinquenio ha sido un vendaval. Los enfrentamientos entre el Congreso y el Ejecutivo convirtieron a la incertidumbre política en una constante que terminó teniendo como resultado un mayor estancamiento económico (que se heredó del gobierno de Humala). El caso Lavajato y el de los Cuellos Blancos del Puerto, casos sobre los que -curiosamente- hoy entendemos menos que hace unos años, pusieron en tela de juicio la integridad de prácticamente toda la clase política y finalmente la virulencia de la reyerta entre Legislativo y Ejecutivo acabó con el gobierno de PPK y dio inicio al Vizcarrato y a todos los males que este personaje nefasto ha dejado como saldo en más de una dimensión en el Perú. Sin embargo, Martín Vizcarra, la prensa que alquiló y sus compañeros de viaje nos han quitado mucho más de lo que, de buenas a primeras, pensaríamos.

Este quinquenio nos ha quitado capacidad de indignarnos. Ha normalizado acciones, decisiones y conductas criminales que en cualquier república que opere bajo premisas de un Estado de Derecho y de separación de poderes hubieran generado una reacción popular brutal; sin embargo, nada esto ha ocurrido. Imagino que parte de la responsabilidad de esa mansedumbre es de alguna prensa que ha sido el amortiguador perfecto para tanto desmadre, pero atribuirle toda la culpa a ese primer factor es sobresimplificar un asunto más complejo. El nivel de pus y miasma que ha ido brotando de cada uno de los espacios que hoy repudiamos se ha dado a un ritmo parejo y seguro. Y esto ha tenido como consecuencia una especie de efecto somnífero en la consciencia del país, que se ha despertado selectivamente solo cuando una alquimia compleja de factores se ha combinado y ha generado explosiones controladas.

Ese apaciguamiento de la vigilancia ciudadana, que es muy distinto al de la “sociedad civil” (concepto del que se han apropiado algunas ONG y han monopolizado esta supuesta representatividad) es uno de los más tristes legados de este quinquenio. Resulta, pues, que una ciudadanía que ha perdido por completo la llama que vigila a quienes gobierna queda sustraída de la responsabilidad de haberlos elegido y, a la vez, genera un golpe a la estructura de pesos y contrapesos que las democracias modernas reclaman: un gobierno que no siente el escrutinio del pueblo al que gobierno es uno que, como Martín Vizcarra ha graficado con solvencia absoluta, es capaz de atravesar fronteras y de romper límites que para otros serían impensables. La gran pregunta, cuya respuesta -por supuesto- escapa a mi entendimiento o al simple ensayo de una respuesta, es cómo haremos para recuperar el respeto a tantos valores atropellados y a tantos códigos tácitos doblados. A un pacto social muerto.

Quien asuma la presidencia en 2021 no solo deberá imprimir un descomunal esfuerzo en erradicar el covid-19, reactivar la economía y terminar con las reformas que el Estado necesita. El próximo presidente deberá emprender una cruzada por devolverle a la ciudadanía el empoderamiento que la Constitución y el sistema de gobierno le estregan para que vuelva a tener una voz activa sonora en el destino del país. Si esto no sucede no habrá forma de que las tropelías y pillerías de las que hoy somos conscientes se detengan. No hay mejor sistema anticorrupción que el de un pueblo atento y conocedor del rol que cumple dentro del sistema democrático. Esa consciencia, que en varios momentos de nuestra historia ha sido fundamental para luchar contra el poder monolítico del Estado, hoy parece enferma de desdén, en cuarentena permanente y nutrida únicamente por información generada sin el rigor necesario. Todo eso debe cambiar.

Lo que hemos perdido y no podemos cuantificar es, en el largo plazo, tan grande como el dolor, la miseria y la muerte que hoy nos rodea.