Esta semana se presentó en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la propuesta del Proyecto de Ley 5493/2020-CR de autoría de la legisladora no agrupada Arlette Contreras Bautista. El objeto de la norma según la exposición de motivos es combatir y prohibir conductas antisociales de racismo y discriminación racial. El derecho a la no discriminación racial es un derecho humano recogido en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú y en la mayoría de instrumentos internacionales de derechos humanos que el Perú ha suscrito o ratificado. Su reconocimiento legal pretende asegurar el cumplimiento real y efectivo de los derechos humanos y fundamentales de ciertos “grupos sociales”. Este concepto, sin embargo, es la piedra de toque para un contrabando ideológico que nada tiene que ver con la lucha contra el racismo y la discriminación racial. Así, el proyecto de ley pretende introducir conceptos que son discutibles con el objeto de la norma contenidos principalmente en el artículo 3 que desarrolla los enfoques normativos. Son de resaltar los enfoques de “género” e “interseccionalidad”.

Por Género se entiende “el reconocimiento de relaciones desiguales entre hombres y mujeres, así como las diferentes oportunidades que poseen en base a los roles, funciones y responsabilidades socialmente asignadas al sexo/género, las cuales fueron construidas históricamente a raíz de la desvalorización y subordinación de las mujeres. El enfoque permite diseñar políticas y estrategias orientadas a eliminar las barreras estructurales que han obstaculizado el pleno goce y ejercicio de los derechos de las mujeres y la desventaja en el acceso a espacios de poder político, económico y social.” ¿Acaso se trata de una norma contra la discriminación de la mujer?

Del mismo modo, el enfoque de interseccionalidad “analiza la heterogeneidad de los sujetos de derecho al reconocer que existen diferentes “identidades” y, por ende, diversas formas de discriminación que interaccionan y operan en una sola persona o grupo social; tales como el género, la orientación sexual, etnia, religión, origen nacional, discapacidad, nivel socioeconómico y otras, las cuales profundizan la condición de vulnerabilidad y exclusión social.” ¿El Estado peruano ya santificó las “identidades de género”?

Como puede verse con claridad, se trata aquí de introducir de contrabando legal, principios que generarán obligaciones legales (administrativas, civiles y penales) y políticas de Estado que nada tienen que ver con el objeto de la norma que es CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN RACIAL.

Asimismo, esto se concatena con las definiciones contenidas en el artículo 5° de la norma, en especial aquellas referentes a “b) Discriminación racial” y “c) Acciones afirmativas”.

Cabe notar que las definiciones de “discriminación racial” y “acciones afirmativas” son consustanciales en la norma con el concepto “grupo social”, y pretenden concretar legalmente medidas como “leyes de cuotas” para promover determinaciones ajenas al mérito.

La norma define como el ente rector y “roles” para la prevención y sanción del racismo y la discriminación racial al Ministerio de Cultura (plagado de caviares), a través de una “veeduría” que fungiría de Gran Hermano.

En conclusión, tras la máscara de combatir al racismo y toda forma de discriminación racial, los grupos feministas radicales y LGTBI pretenden hacer pasar definiciones, principios y acciones propias de su agenda ideológica que no tienen que nada que ver con el objeto plausible de la norma.