Tiempos de tragedia son los que vive hoy nuestro país, en los que cada día la muerte a causa del covid golpea a una familia, a un grupo de amigos, a una institución. A inicios de la emergencia era casi una constante que la pandemia afectaba fatalmente a adultos mayores con problemas de salud de fondo. Hoy, sin embargo, es más frecuente lamentar la partida de personas jóvenes, incluso sin antecedentes de salud frágil.

Cierto es que, salvo algunas excepciones, se trata de una pandemia que afecta a todos los países sin distinción de niveles de desarrollo o de características de sus sistemas políticos. Lo que hace la diferencia es la responsabilidad (prontitud, medios disponible, eficiencia, perseverancia) con que los gobiernos y sus poblaciones han respondido a tremendo desafío.

Lamentablemente en el Perú, el gobierno en funciones al declararse la alerta mundial como el que lo ha sustituido formalmente y debe enfrentar la llamada segunda ola de contagios, no solo no han estado a la altura del desafío que plantea una pandemia. Todo apunta a que más bien han contribuido a hacer más dañinas sus consecuencias.

Comenzando por la manifesta demora en disponer las adquisiciones de medios para evitar y contener los contagios y atender a los afectados (mascarillas, elementos de protección personal para quienes previsiblemente estarían en la primera línea de manejo de la situación, pruebas serológicas, oxígeno, ventiladores mecánicos, camas UCI, etc.).

Pese a que al menos al 1 de febrero de 2020, el Poder Ejecutivo ya había procesado la alerta mundial sobre el virus, tardó mes y medio en comunicarla a la población y prepararla antes de la drásticas medidas de confinamiento y restricción de derechos decretadas a mediados de marzo, que afectaron sobre todo a pequeños emprendedores, tanto formales como informales.

Las reservas financieras que sanamente había logrado el país en tres décadas, desde la gran reforma económica y recuperación de los años 90, fueron dilapidadas en pocos meses de improvisada y deficiente gestión, no exenta de grave inmoralidad y dolosa desinformación a la opinión pública.

Grave fue la impúdica violación (auspiciada desde el gobierno ya saliente y sus aliados que forzaron sucederlo) de las normas derivadas de la emergencia sanitaria, generando aglomeraciones, violencia, muertes, destrucción material y una ola, al parecer hoy incontenible, de nuevos contagios.

El colmo es que los responsables de tremendo daño al país, hoy pretendan mantenerse en el poder postergando las elecciones previstas para abril próximo, poniendo como excusa la grave situación que han provocado.

¡No lo permitamos!