A raíz de que el Estado Peruano no tiene una apropiada ley de contratación para licitar, ejecutar y controlar con transparencia y eficiencia las importantes obras de infraestructura que el Perú necesita, está recurriendo continuamente al sistema de contratación denominado de Gobierno a Gobierno.

A pesar del éxito obtenido en el último Panamericano realizando las obras a tiempo y cumpliendo con los estándares de construcción, de la serie de estructuras deportivas necesarias, éste no debe convertirse en un sistema “recurrente”, al extremo que últimamente todas las grandes obras que el país demanda se efectúan por este sistema.

Este proceso se inicia cuando nuestro gobierno invita a varios gobiernos amigos para concursar por el control total de la construcción de una obra a realizarse en nuestro país; el porcentaje a pagarle al gobierno contratado, va referido al costo de la obra y normalmente fluctúa entre el 5% al 8%.

El gobierno contratado siempre subcontrata a una empresa privada especializada para asumir las mismas funciones y responsabilidades de su contratante, entre otras: supervisar y manejar todo el proceso de contratación, revisar, valorar, controlar y recibir la obra adjudicada, manteniendo cláusulas especiales como de “no liability”, que otorga inmunidad judicial, precisando que ninguna entidad constructora, comercial, financiera, funcionarios, empleados u otros lo puedan realizar.

Igualmente, el gobierno contratado y la empresa subcontratada estarían liberados de dar información sobre los montos contratados o de los adicionales aprobados y aparentemente la Contraloría no podría ejercer con amplitud sus controles sobre la obra, ni podría paralizarla, como ocurre en nuestro sistema de contratación y control, cuando encuentra alguna irregularidad.

Hasta ahora el sistema de Gobierno a Gobierno se ha efectuado sin mayores problemas constructivos, de operatividad o de corrupción, pero sí es claro que su costo es elevado y las posibilidades de incrementar los costos y adicionales, acompañados de actos de corrupción, son factibles y amplios, en especial en las obras de largo plazo y de montos elevados, como los contratos firmados para ejecutar el Aeropuerto de Cusco, la Carretera Central y el de dotar a través de Sedapal agua a 400 mil peruanos.

Teniendo actualmente un sistema de contrataciones engorroso e inoperante, este tiene que ser reformado íntegramente, darle agilidad, transparencia y para ello necesitamos el apoyo de una misión especial del BID o Banco Mundial.

Mientras se realizan las mejoras de nuestro pésimo sistema de contratación, la OSCE debería solucionar el mayor problema que se presenta para iniciar una obra licitada, se anuncia al ganador y el postulante perdedor tiene abierta la posibilidad de impugnar esta decisión, interrumpiendo por meses o años el inicio de la obra.

Esto podría solucionarse subiendo considerablemente la fianza que se pide para poder impugnar al ganador. Igualmente tendría que haber una comisión de “arbitraje especial”, que resuelva los adicionales que superen el 5% del valor de la obra, y sin posibilidad de paralizarla.

Finalmente, tenemos que mejorar nuestro sistema de licitación y contrataciones, logrando uno eficiente para evitar la corrupción y la intervención de gobiernos extranjeros que están supliendo nuestra incapacidad, vulnerando nuestra soberanía y alejando nuestras empresas e ingenieros.

Mira más contenidos siguiéndonos en FacebookTwitter Instagram, y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.