En la primera parte del artículo que hoy continúo, me referí a cómo una vez aprobada la vacancia en el cargo de presidente de la República de M. Vizcarra, por su permanente incapacidad moral, hoy más que confirmada, dirigentes y congresistas de las bancadas minoritarias del Frente Amplio y el Partido Morado, aliados permanentes del expresidente, con ayuda de la prensa oficialista, estatal y privada pero financiada con avisaje estatal, así como de ongs de clara identificación ideológica con ellos, llevaron a cabo una feroz campaña en defensa del vacado bajo la consigna “Merino no me representa”, llegando incluso a solicitar su reposición en el cargo.

Probado está que incitar a salir a la calles e incumplir las normas de distanciamiento en plena emergencia sanitaria a miles de personas –sobre todo a los mal llamados “jóvenes del bicentenario”, hoy ausentes y con cargo de conciencia por haberse dejado engañar – ha originado o contribuido a la catástrofe que significa la segunda ola de covid-19 que hoy afrontamos, más dañina que la primera.

No menos importante es recordar que a consecuencia de la violencia generada, las muertes (aún no aclaradas en sus circunstancias) de dos jóvenes manifestantes y el impacto de una larga lista de desaparecidos, que terminó probada en su falsedad, los defensores de Vizcarra resultaron capturando el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, con el incomprensible voto a favor de muchos de los 105 congresistas que habían votado por la vacancia.

Con una obnubilación que recuerda el fanatismo o la apatía irresponsable que llevó al poder a regímenes criminales como el nazi, se aceptó en el Congreso la tesis (sembrada por defensores de Vizcarra) de que solo los 19 congresistas que no habían votado por la vacancia tenían derecho a ocupar la Mesa Directiva del Congreso, a sabiendas que el nuevo presidente del Legislativo terminaría encargado de la función y el despacho presidencial de la República.

Sabido todo lo que hemos podido conocer ahora y de que morados y rojos en el poder son la continuidad del vizcarrismo y hasta copartícipes de sus inconductas (baste señalar la gran corrupción e ineficiencia en el tema de las vacunas covid-19 que alcanza al gobierno transitorio), resulta un imperativo moral y político desmontar tal estructura de poder. Nada justifica mantenerla.

Como sucede con los agravios a derechos constitucionales, hay que reponer las cosas al estado anterior al 15 de noviembre de 2020.

¡Los defensores de Vizcarra no pueden seguir en el poder!