En este torbellino de observaciones y graves denuncias sobre irregularidades en el proceso electoral, hay situaciones que no pueden soslayarse en un análisis político serio y objetivo.
Lo primero, la sorprendente mutación del candidato Pedro Castillo, quien postuló representando a Perú Libre y suscribiendo el ideario-programa que ese partido entregó al Jurado Nacional de Elecciones, planteamientos de los cuales ahora reniega oportunistamente.
Ahí se encuentran, sin embargo, cincelados en blanco y negro, un documento de 77 páginas, con las propuestas que Castillo hizo a los votantes y ofreció cumplir de ganar la presidencia.
Ocurre, sin embargo, que ese plan ha sido alterado, caricaturizado, deformado – o enterrado – durante la tóxica segunda vuelta y con más énfasis después de los comicios.
Recordemos algunas declaraciones de Pedro Castillo subrayadas por el periodista Mario Ghibellini (El Comercio 12/06/21): “Vamos a desactivar en el acto el Tribunal Constitucional y el tribunal siguiente tiene que ser elegido por mandato popular” (14/03/21), “Hay que desactivar la Defensoría del Pueblo” (19/03/21), “Si el Congreso no está de acuerdo [con una Asamblea Constituyente] tenemos que asumir las facultades presidenciales […] Yo no lo voy a cerrar, lo va a cerrar el mismo pueblo” (08/04/21). Más adelante Ghibellini consigna otras sentencias: “Que el gas de Camisea sea para los peruanos, hay que nacionalizarlo” (13/04/21), “No más AFP en el Perú, que explotan al pueblo” (18/04/21) o “No habrá importación de lo que el pueblo produce” (01/05/21).
Ahora, sin embargo, hay otro Castillo, transformado, maquillado o edulcorado por astutos asesores.
Ha retrocedido de sus propuestas centrales e incinerado el programa por el que votaron sus simpatizantes, anunciando que no cerrará el Congreso, el Tribunal Constitucional ni la Defensoría del Pueblo. Jura, asimismo, no nacionalizar ni expropiar empresas nacionales ni extranjeras, los yacimientos mineros, gasíferos, petroleros o las AFP y respetar los tratados internacionales que amenazó arrasar.
Más aún, para ofrecer tranquilidad a nuevos socios que se han encaramado en su clásico sombrero, ha manifestado –deslealmente– que su mentor y jefe del partido, Vladimir Cerrón, no trabajará ni de portero en un edificio del Estado; un innecesario puntapié público a quien patrocinó su postulación, que dice bastante de su personalidad.
En ese confuso contexto, el legislador electo Guillermo Bermejo sostuvo que los invitados deben adecuarse al programa de gobierno de Perú Libre, agregando que “todas las opiniones tienen que encajar dentro el proyecto de PL, que se ha llevado como bandera. Sería irresponsable pedir a la gente que vote por una cosa y finalmente hacer lo que quiera o diga un invitado” (Correo 18/06/21).
La nueva versión de un ponderado Castillo, empero, resulta una engañifa convenientemente respaldada por una legión de políticos aspirantes a cargos públicos.
Así pienso porque mientras el nuevo Castillo pretende ofrecer tranquilidad a la ciudadanía, fotografiándose con sonrientes alcaldes de La Molina, Miraflores y San Isidro o recibiendo diplomáticos reciclados, al mismo tiempo moviliza al centro de Lima docenas de “ronderos” ensombrerados que agitan látigos y filosos machetes en su torvo intento de presionar (y atemorizar) al Jurado Nacional de Elecciones.
Esas exhibiciones de bravuconería, penadas por ley, se producen ante la pasividad de un Gobierno que se parapeta en la inacción y el silencio y que, por tanto, será responsable de cualquier acto de violencia que se produzca.

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