Un video grabado en el silencio de la noche por los vecinos del distrito de Pachacámac y que circuló por las redes sociales activó todas las alertas, en éste se oían gritos desgarradores de niños que provenían del Centro de Acogida Residencial (CAR) “Villa Martha”, que hacía temer maltrato infantil al interior.

Esto motivó que se constituyesen en el lugar funcionarios de Defensa Civil y la Demuna de Municipalidad de Pachacámac, la Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y la Fiscalía de Familia de Lurín, para verificar los hechos y las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables alojadas, en tanto que la prensa en los exteriores cubrían las incidencias y tomaban razón de los padres de familia que enterados del escándalo llegaban al CAR para ver a sus hijos y de los lugareños, que en algunos casos refirieron no era la primera vez que escuchaban llanto de los menores.

Los CAR son espacios donde se brinda alojamiento y protección a niños, niñas y adolescentes en estado de abandono o riesgo, conocidos como “albergues”, estos pueden ser públicos o privados, los primeros los administra el Ministerio de la Mujer y los segundos, asociaciones o fundaciones muchas constituidas en ONGs que se autofinancian, que es el caso de “Villa Martha”, que aunque particulares no están exentos de la supervisión y fiscalización del MIMP. De comunicados oficiales se sabe que se ha instalado una “Comisión Ad Hoc” que está haciendo caso por caso el seguimiento del cumplimiento de las medidas de protección con enfoque de derechos, en favor de los menores alojados.

Esta situación ha puesto a prueba al Estado, ya que pudiéramos estar ante un caso de exposición a riesgo de los niños, niñas y adolescentes que vulnera su derecho a vivir en ambientes de paz y a ser protegidos.

Se requiere un trabajo fino por parte de las autoridades porque cada caso representa un drama social, que ya de por sí lo es, al estar bajo estatus de desprotección familiar (separación temporal de sus familias), viviendo en centros de acogida al provenir de hogares en situación de abandono o riesgo moral. Debiendo esclarecerse quién autorizó el ingreso de los 54 menores hallados en el CAR (porque es claro que ahí dormían), la de los padres de familia no cuenta sino la autorización judicial o administrativa (MIMP), ojo con esto.

Finalmente, así como el tema de violencia de violencia contra la mujer obligó un Programa Presupuestal Multisectorial donde las entidades del Estado involucradas en esta problemática reciben fondos mayormente con estrategia de gestión pública de “Presupuesto por Resultados”; igual trato debe merecer el de la “Protección a los niños, niñas y adolescentes”, porque de los más de 189 millones de Soles asignados al MIMP por este concepto, 100 van para el Inabif. Pelee por eso, ministra Anahí Durand.

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