Preocupante, que gran parte del liderazgo político nacional se rasgue las vestiduras por la supuesta lesión a nuestra soberanía que habría ocasionado el reciente Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Esos mismos políticos son los que han aprobado en el Congreso leyes de ejecución de los “compromisos” con la OCDE, ONU, OEA, OMS y demás organismos internacionales, en cumplimiento de la colonizadora Agenda 2030, que está destruyendo nuestra nación y entregando al Perú en manos de la élite que digita el gobierno mundial de la ONU.

Pero observan iracundos que la CIDH haya emitido un informe del estado de los derechos humanos con relación a los hechos ocurridos desde el 7 de diciembre de 2022 en nuestro país, en el que se llega a conclusiones de evaluación de la información y pruebas recogidas por múltiples vías, y plantea recomendaciones. Lo que en nada afecta la soberanía nacional.

La CIDH emite estos informes en base a la Convención Americana de Derechos Humanos y su Reglamento, y lo hace constantemente en relación a países de América donde se producen violaciones a los derechos humanos, con el objetivo de que los Estados que forman parte de esta Convención respeten el cumplimiento de las normas de garantía de los derechos humanos de sus naciones.

Las conclusiones del reciente Informe son el resumen de los hechos sucedidos, con prolijo enfoque técnico de doctrina de derechos humanos, y no tienen ningún sesgo político de izquierda o derecha, así como las recomendaciones que proponen son medidas de gestión social e institucional para fortalecer la democracia y garantizar los derechos humanos en el Perú.

Debe mediar un serio desconocimiento de la naturaleza de estos informes de la CIDH, aunque son los mismos políticos y partidos ahora reciclados y sus jóvenes herederos, que en los 90 también reclamaron la salida del Perú de la CIDH y de la Corte, porque sus pronunciamientos estaban exhibiendo internacionalmente las oscuras entrañas de la dictadura de la corrupción, del quebrantamiento del Orden Constitucional con el control político de todos los Poderes del Estado y de la prensa, la vulneración sistemática de los derechos humanos y la precarización de la vida y de las libertades en el Perú.

La reedición actual de esta tiranía con los mismos actores decidiendo nuestro gobierno desde centros penitenciarios, después del padecimiento de 33 años de dictadura globalista de derecha e izquierda, debe movernos a luchar sin sesgos políticos, por nuestra libertad y la independencia, integridad, y soberanía de nuestra nación.

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