Los límites del derecho fundamental a la protesta social y el uso legítimo de la fuerza

Los límites del derecho fundamental a la protesta social y el uso legítimo de la fuerza

En el Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos el derecho a la protesta se deriva del artículo 15° de la Convención Americana que consagra el derecho de reunión.

Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que constituye el derecho de manifestar la disconformidad contra acciones o decisiones estatales, sin embargo, subraya que este derecho debe ejercerse con ciertos parámetros como son el que se realice pacíficamente y sin armas.

Y es que todo derecho tiene como correlato un deber, que implica en relación al derecho comentado respetar los derechos de otros ciudadanos, entre ellos, el libre tránsito, la seguridad, la propiedad, el trabajo.

En nuestro país se han hecho cada vez frecuentes las protestas por diversos motivos, en algunos casos, se pueden calificar como pacíficas, puesto que los ciudadanos se han movilizado y expresado sin causar ningún daño. En esos casos, la presencia de la fuerza pública con un rol pasivo e incluso de protección.

Basta con observar las fotografías de las marchas por la democracia en mayo de 2021, pero también se ha dado protestas donde se ha visto a los manifestantes prendiendo fuego, premunidos de palos o fierros, piedras y objetos explosivos, situación que habilita a la fuerza pública para tomar medidas defensivas sino también reactivas de acuerdo al nivel de violencia que muestra la ciudadanía.

El tomar carreteras, destruir instalaciones de servicios públicos y privados, atentar contra las instalaciones de empresas no se puede comprender como el ejercicio legítimo del derecho a la protesta social. Ningún extremo es bueno en relación con este derecho. No se puede criminalizar la protesta sin establecer sacrificar la democracia, pero tampoco se puede permitir un ejercicio sin límites, que conlleve la anarquía y falta absoluta de la autoridad.

También ha establecido la Corte que no se puede hacer uso de las fuerzas armadas para enfrentar problemas de disturbios sociales o violencia interna, puesto que dicha labor corresponde a las fuerzas policiales, considerando las diferencia en la formación para enfrentar un conflicto armado con un enemigo que un problema interno donde están involucrados civiles.

Sin embargo, existe al parecer un incomprensible confusión puesto que mientras por un lado algunos efectivos policiales son investigados por la supuesta responsabilidad por “asesinato” y “lesiones leves y graves” en protestas que evidentemente no fueron pacíficas en noviembre de 2020, por otro lado ante las protestas violentas que han llevado a la suspensión de actividades de la empresa minera Antamina en noviembre de 2021 no se toma ninguna medida y más bien se autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas para apoyar a la policía nacional pero no en la zona de la protesta sino para Lima y Callao, a fin de luchar contra la delincuencia (R.S. N° 191-2021-IN). De acuerdo al texto de dicha Resolución Suprema las fuerzas armadas estarían colaborando ante el incremento de delitos comunes como tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas, hurtos y robos.

Estos hechos nos hacen pensar en aquella situación en la que se cuenta un chiste en un entierro o el que se deprime en una fiesta, es decir, una impertinencia absoluta, que solo pone en cuestión la inteligencia o la falta de diligencia en la tarea encomendada.

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