Los recaudadores de impuestos, desde la época de Mateo, están entre los personajes más repudiados en una sociedad, porque el imaginario popular siempre los consideró siniestros, debido a que piensan que trabajarían para un “poder injusto” que recogen, sin haber sembrado, gran parte del fruto del sudor de la frente de los emprendedores.

Sin embargo, es necesario pagar los impuestos que el Estado necesita para el Presupuesto Nacional, para mantenerse y mantener sus servicios; como para hacer las obras públicas y las obras sociales que deben beneficiar a todos los ciudadanos, especialmente a aquellos que son más vulnerables y viven en situación de pobreza o pobreza extrema. Por tanto, debemos pagar impuestos para contribuir a que el gobierno cumpla con su gran objetivo: garantizar el bien común.

En el Perú, se calcula que el 70% de negocios son informales, por tanto, trabajan fuera de la ley y, en consecuencia, no pagan impuestos ni cumplen con ninguna normativa de beneficios laborales, seguridad, calidad, cuidado del medio ambiente, ni un largo, etc. Sus productos y servicios si bien son más baratos, porque no tienen carga tributaria, ni de otra índole, tampoco colaboran con el país ni ofrecen garantías.

Los especialistas consideran que una economía sana debiera ampliar la base tributaria y, sobre todo, en países como el nuestro, dedicarse a esta tarea que es de justicia: formalizar a este gran bolsón de ilegales, entre los que se encuentran muchos negociantes que les sacan la vuelta al país, aprovechándose de las falencias de la autoridad para beneficio propio. Es absurdo que el MEF, a través de la Superintendencia Tributaria, cargue en las espaldas del 30% de quienes tributan, todo el Presupuesto y, hasta llegue, en algunos casos al abuso.

Desde este año 2021, mediante el DL 1434 cocinado en el Consejo de Ministros, del gobierno de Francisco Sagasti, los bancos, las cajas, las cooperativas y todas las empresas de servicios financieros, tienen la obligación de informar, mensualmente, los movimientos de las cuentas con un monto de más de 10 mil soles; es decir, desde la clase media para arriba.

En esta situación están 2.5 millones de cuentas de personas y 2.7 millones de empresas que serán auscultadas por la Sunat, porque se ha borrado de un click el secreto bancario, protegido por la Constitución del Perú, sin pasar siquiera por la Comisión de Economía del Congreso de la República ni menos por el Pleno de los representantes.

Este asunto que está pasando desapercibido por la noticia de la pronta llegada de la vacuna anticovid-19, es sumamente grave. Tanto por anticonstitucional, como porque podría utilizarse como un instrumento de presión política, no para los millones de peruanos o empresas en general a los que no se llegará a auscultar, por falta de recursos; sino para aquellos que molesten al poder político, económico o mediático.

Propondría que se recurra a una denuncia a la Subcomisión de Acusaciones Constitucional del Congreso, a quien resulte responsable de este atropello a la intimidad financiera, con pretextos tan burdos, como cumplir con la OCDE; donde no hay país que ingrese con el alto porcentaje de economía sumergida como el que tenemos.

Es necesario que la ley obligue al MEF a informar anualmente al Congreso sobre la curva de eficiencia contra la informalidad, para ampliar la base de quienes tributan en el país y no recurrir al facilismo de perseguir a la clase media, al enemigo político o a los que ya tributan.

Profesora CENTRUM-Ex Congresista