Al paso que van las cosas, el affaire Lava Jato –filial Perú- pareciera estar condenado a que sus autores queden impunes. Recordemos que la podredumbre no está centrada sólo en los directorios de las grandes constructoras y en los despachos presidenciales y ministeriales de nuestras esferas políticas. Esta vez la batalla legal se está dando entre poderosos bufetes de abogados locales y extranjeros, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Correrán millones de dólares alrededor de este triunvirato abocado a manipular procesos, investigaciones, declaraciones, testimoniales, apelaciones, etc., antes que aterricen en sentencias definitivas. Hablamos pues de varios años de circo, amigo lector.

Tiempo durante el cual los imputados apelarán a toda clase de argucias. Incluyendo esa eterna amnesia de la opinión pública que, con el correr de los años, irá cambiando de piel e incorporando a nuevas generaciones como espectadores de una comedia que irá tornándose en tragedia. Un drama que la mayoría de esos nuevos ciudadanos no tendrá la menor idea sobre su contenido ni mucho menos le interesará de qué se trata. Solo sabrá que décadas atrás una partida de delincuentes de cuello y corbata desfalcó al Estado, robándole centenares -si no miles- de millones de dólares al pueblo. Aunque vistas en perspectiva las acusaciones quedarán mediatizadas por la justicia fáctica que maneja la corporación mediática de la corrupción, que se encargará de desinformar a la ciudadanía tergiversando los hechos para colocar como víctimas a los corruptos y al Estado peruano como victimario.

Exactamente igual a como operó la prensa venal con el terrorismo, cuando usó aquel ideologizado informe de la comisión de la verdad como tabla de salvación para sendero y mrta, colocando a sus sicarios como mártires y a nuestros uniformados como asesinos a sueldo.

Han transcurrido cinco años y medio desde que Brasil destapara el caso y casi cinco desde que USA multó con US$2,600 millones a Odebrecht sólo por utilizar sus bancos para trasegar fondos ilegítimos. De manera que este escándalo se conoce desde hace un lustro. Sin embargo, pese a sus dimensiones y al hecho que están involucradas las más altas esferas de la política y el empresariado, acá no existe un solo juicio oral contra el sinnúmero de investigados por la Fiscalía. Entre tanto, continúa diluyéndose a diario la indignación del ciudadano, agobiado por sucesivos problemas coyunturales cada cual peor (enfermedad, pobreza y desempleo). Mientras ello ocurre, los fiscales a cargo de este asalto al país se escudan detrás de un acuerdo secreto –santificado por el presidente Vizcarra- pactado con Odebrecht apelando al código gangsteril de la omertá. En función a este pacto enigmático, los fiscales Vela Barba y Pérez Gómez manejan los expedientes bajo criterios políticos procurando no llegar a decisión alguna sin que las altas esferas oficiales –y la camorra constructora- les den su visto bueno para imputar a algún sujeto por el mayor robo que exhibe nuestra historia.

En Brasil ocurre algo parecido. Según el procurador Deltan Dallagno, “Hay una fuerte alineación de fuerzas políticas contra la investigación Lava Jato”.