Es indiscutible el rol que cumplen los principios en un Estado constitucional de derecho. Como pautas que inspiran la normativa vigente e importan criterios que guían la interpretación jurídica, permiten la integración normativa. En este contexto, los principios que integran el debido proceso actúan como límites al ejercicio del poder y como garantía de justicia para los ciudadanos que son parte de una controversia que ha sido judicializada.

Los principios son enunciados generales con un alto grado de abstracción y por ello su contenido debe ser desarrollado por el legislador o por la judicatura. Esta peculiar característica los ubica en una zona limítrofe. Así, si por un lado pueden convertirse en declaraciones o abstracciones que solo representen inspiraciones o fantasía (lo que los hace formar parte de aquella mitología jurídica moderna que desarrolla el profesor italiano Paolo Grossi), por el otro pueden materializarse en la realidad y producir efectos concretos significativos e implicar exigencias reales para los operadores jurídicos.

La zona limítrofe a la que nos hemos referido será más notoria cuando los principios del derecho fundamental continente que es el debido proceso sean quebrantados de modo manifiesto por quienes están a cargo de observarlos y hacerlos cumplir. Un principio tendrá el carácter de mito cuando no exista voluntad para dotar de eficacia el desarrollo de su contenido ni se cumplan las reglas que derivan de aquel. Ejemplos de esto hay muchos. Así, en el ordenamiento se ha consagrado un principio de reserva en las investigaciones para resguardar la presunción de inocencia y evitar los prejuzgamientos sociales y la obstaculización de las tareas indagatorias. Sin embargo, ¿cómo es que los medios de comunicación y redes sociales tienen el detalle de las actuaciones fiscales, incluso con la identificación de la fuente oficial? También tenemos consagrado un principio acusatorio, lo cual importa la promoción fiscal de ciertas medidas y actuaciones de la mano con los principios de imparcialidad e igualdad de armas. Pero ¿cómo es que ante ciertos requerimientos fiscales deficientes o incompletos el juez los suple o subsana oficiosamente?

Justamente por el valor que tienen los principios y por lo que representan para el afectado y el Estado, se les ha dotado de efectividad mediante los llamados mecanismos de tutela inmediata. Pero estos mecanismos también están más cerca de la mitología que de la realidad, puesto que los estándares de rapidez, sencillez y eficacia tampoco se cumplen. Será necesario, pues, cambiar la mirada de operador jurídico o, como señala Grossi, cambiar de enfoque.

En otras palabras, que no se reduzca la tarea a una dimensión meramente cognitiva, de conocer e invocar, sino que se dote de vida a los principios con su práctica y uso efectivo. El Derecho debe ser garantía al ciudadano y no mitología académica.