Hace unos días, el Congreso de la República, la institución pública con menor respaldo popular según encuestas, ha aprobado el Presupuesto General de la República para 2025, en donde se aumenta en más de 30% su presupuesto; mientras que sectores fundamentales como educación, salud y seguridad, crecieron tan solo 4%, 4% y 0.8% respectivamente.
Este incremento, que llevará el presupuesto del Congreso a unos S/ 1,400 millones para 2025, frente a los S/ 1,080 millones de este año, contrasta radicalmente con la poca capacidad real de ejercer representatividad política que tiene el parlamento.
Vale mencionar que el presupuesto del Congreso no ha parado de incrementarse en las últimas décadas. Desde el 2002, cuando el Congreso solo contaba con S/265 millones, que alcanzaban para todo su funcionamiento, los recursos del Congreso se han multiplicado en más 500% en 23 años.
Lamentablemente, este crecimiento económico del Congreso no ha venido acompañado de avances en la institucionalidad democrática, por lo que se ha generado la percepción de que el Parlamento es ineficiente y que funciona como una suerte de bolsa de trabajo partidaria, donde se priorizan intereses particulares sobre el bienestar ciudadano.
Además del cuestionable manejo presupuestal, las decisiones legislativas populistas amenazan con socavar los cimientos de la economía y los derechos fundamentales. Un ejemplo reciente es la censura al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, por su postura sobre la Ley MAPE y la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
El REINFO, creado como un mecanismo para transitar de la minería informal a la formalidad, ha sido prorrogado tantas veces que ha perdido su objetivo inicial. Según cifras disponibles, solo el 20% de los inscritos han logrado formalizarse. En cambio, este registro se ha convertido en un salvoconducto para que la minería ilegal opere sin control, exacerbando problemas como la contaminación, la evasión tributaria y la violencia ligada al crimen organizado.
Un caso emblemático de esta problemática son los ataques contra la minera Poderosa en La Libertad, donde mineros ilegales vienen irrumpiendo, destruyendo maquinaria e instalaciones y asesinando trabajadores. A pesar de haberse declarado el estado de emergencia en la zona, la actividad ilegal y los actos de violencia continúan sin mayores repercusiones, demostrando la incapacidad del Estado para garantizar seguridad y respeto a las concesiones mineras formales.
La censura al ministro Mucho y la prórroga del REINFO envían un pésimo mensaje a los inversionistas extranjeros. Al respaldar indirectamente a la minería ilegal, el Congreso legitima acciones criminales y socava la confianza en la capacidad del país para garantizar seguridad jurídica. Esto, en un contexto donde la minería formal representa el mayor ingreso y la mayor tributación en el Perú, pone en riesgo la seguridad económica del país, pues reduce nuestra capacidad de atraer inversiones sostenibles.
Además, la protesta de los mineros informales frente al Congreso, que incluyó la ocupación de la avenida Abancay durante dos semanas con carpas y baños portátiles, dejó en evidencia el respaldo tácito desde el Legislativo y la permisividad del Ejecutivo frente a este colectivo. En cualquier otra circunstancia, estas manifestaciones habrían sido dispersadas rápidamente, pero en este caso se permitió su continuidad, demostrando la influencia política de la minería informal e ilegal, algo que posiblemente se agrave luego de las próximas elecciones generales.
En un momento en que el Perú debería estar consolidando su estabilidad democrática y económica, las acciones del Congreso envían señales preocupantes tanto a nivel interno como externo. Las buenas impresiones generadas por eventos como el APEC se ven opacadas por la percepción de un sistema político capturado por intereses particulares, incluso de posibles economías ilegales.
En última instancia, estas decisiones legislativas no solo amenazan el desarrollo del país, sino que también erosionan la confianza en las instituciones democráticas, abriendo un camino incierto hacia un futuro marcado por el desequilibrio político y el descontento ciudadano.

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