El sesgo constituye la falta de objetividad que tiene el magistrado a la hora de resolver intereses en conflicto por falta de conocimiento de las instituciones jurídicas y de experiencia de vida, ambas se amalgaman para ser asertivo en las decisiones que se tienen que adoptar. Yo, particularmente le agregaría otro componente fundamental que es la vida emocional de la persona que imparte justicia, más aún, cuando les toca decidir en temas de derecho de familia, penal, derecho de personas, donde se encuentra en juego muchos aspectos de la vida cotidiana, que de una u otra manera movilizan el mundo interior de la autoridad y sí ésta no está bien constituida por diferentes razones psicológicas, se corre el riesgo de incurrir en un error judicial por tener un pensamiento rígido y no horizontal, que le permita percibir diferentes escenarios, en forma clara, transparente, que no comprometan sus emociones, por lo tanto, hay que desvincularse de ellas, porque de lo contrario se hace mucho daño a las partes que se encuentran en conflicto.

Por eso, es muy importante que los magistrados cada cierto tiempo se oxigenen con talleres de autoayuda, estructuración dela personalidad y cómo manejar estos fantasmas que aparecen en la mente, a través de la psicoterapia individual o de grupo con el apoyo del Estado y no permitir una postura rígida, distante, que, en lugar de generar confianza, el litigante o los abogados, se retiran del despacho decepcionados y más inseguros que cuando entraron. Esa imagen negativa es necesario modificarla y ponerla en agenda para tratarla en beneficio de uno mismo y la sociedad. Sin ir muy lejos, el sector privado vende imagen, el personal se encuentra entrenado, constantemente se están preparando para la atención al público, las personas son líderes y los magistrados también lo son, en el lugar que tengan de desarrollar sus actividades, sea en lo administrativo o jurisdiccional.

Un caso administrativo que se ventila en el Órgano de Control de la Magistratura, que el derecho y la acción de la quejosa ha caducado y prescrito, sin embargo, sostienen que la investigación se ha realizado de oficio, cuando el expediente administrativo arroja que la queja es de parte, y cuando el juez superior dictó el auto de iniciación del procedimiento administrativo, se había producido la extinción del derecho y la acción.

Lo que es gravísimo también es que las juezas contraloras, ni los jueces que realizaron las investigaciones previas al auto de inicio del procedimiento administrativo, han motivado las resoluciones, en el sentido en que ha consistido la parcialización del magistrado al momento de sustentar que ha existido una relación extraprocesal, simplemente se basan que se entregaron las tarjetas del día de la madre y cumpleaños, pero no desarrollan el artículo cuarenta y ocho inciso nueve de la Ley de la Carrera Judicial, que preceptúa que constituye falta muy grave establecer relaciones con las partes o terceros, que afecten su imparcialidad e independencia, o la de otros, en el desempeño de la función jurisdiccional.

En ninguna de las resoluciones han desarrollado en qué ha consistido la parcialidad del magistrado, no lo dicen, por lo tanto, son resoluciones nulas de pleno derecho, consecuentemente hay que reincorporar al magistrado a su despacho, bajo responsabilidad funcional.