¿Hasta cuándo la Junta Nacional de Justicia seguirá ahondando la degeneración de nuestro sistema judicial? Está claro que, detrás de cada uno de los integrantes de ese politizado instrumento —ideado por un psicópata llamado Martín Vizcarra Cornejo— hay un evidente propósito de corroer el Estado de Derecho, con el propósito de convertir al Poder Judicial y al Ministerio Público en meros instrumentos —de carácter extrajurídico— orientados a la manipulación de la opinión pública nacional, de acuerdo a los intereses políticos que prevalezcan en la conformación de la mencionada Junta. Por lo demás, es un órgano cuyo modelo resulta ser inservible para la correcta aplicación de la Justicia, tanto en este como en cualquier país. Salvo, claro, en Cuba, China, Irán o en aquellas naciones de corte totalitario.

La Fiscalía peruana, amable lector, ha sido transferida a Gustavo Gorriti, sujeto que dependería de uno de los hombres más poderosos de la tierra —Soros— con descarados intereses mercantilistas e inocultables inclinaciones políticas hacia la izquierda, quien actúa como telonero de nuestra Justicia.

Lamentablemente ha sido posible, aunque nefasto para nuestra sociedad, que tamaño fiasco jurídico como el que ha sufrido nuestro país —por el escándalo Lava Jato— haya servido para alimentar mentes retorcidas y habilidades siniestras de sujetos que se hacen llamar fiscales (como José Pérez, Rafael Vela, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, entre otros). Y que aquello haya dado paso a que la Fiscalía manipule a la opinión pública, alquilando gacetilleros y orientando la línea política e informativa de varios medios de prensa —El Comercio, RPP, La República, canales 2, 4, 5, 8, 9, 10— para, a cambio de surtirlos de información “privilegiada”, estos auspicien un Blitzkrieg politizado —ensamblado por el Ministerio Público— para neutralizar las multimillonarias responsabilidades penales y civiles en que incurrieron tanto Odebrecht como su socio principal en el Perú, José Alejandro Graña Miró Quesada. Este último, principal accionista individual de El Comercio, periódico abanderado de esa miserable cloaca en que los citados fiscales de la nación han convertido al digno Ministerio Público que inauguró don Gonzalo Ortiz de Zevallos Roedel, gracias a la iniciativa del entonces presidente, don Fernando Belaúnde Terry.

Reiteramos, por culpa de José Domingo Pérez Gómez, Rafael Vela Barba, Pablo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera, etc., Odebrecht quedará impune tras haber corrompido a cinco mandatarios peruanos; ministros de Estado, la alcaldesa Susana Villarán; legisladores, periodistas, abogados, etc.; entregándoles millonarios montos de dinero robado a Juan Pueblo vía las sobrevaluaciones de obras que construyó, gracias a sendas licitaciones amañadas. ¡Todo aquello ha producido la peor crisis sociopolítica de nuestra historia! Probablemente obtengamos un premio por exhibir el mayor número de presidentes (seis) juramentados en apenas siete años. Y esta crisis continúa…

Hoy Odebrecht se apresta a demandar al Perú por miles de millones de dólares, por culpa de canallas como José Pérez, Rafael Vela, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y otros sujetos que, apenas vuelva la Justicia al Perú, purgarán largas condenas. Consecuentemente, es momento de demandar a todos estos caraduras por semejante estafa y, además, requerirles la correspondiente reparación civil.

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