Luis Garcia Miró Elguera

Luis Garcia Miró Elguera

EL MUNDO AL REVÉS

Acerca de Luis Garcia Miró Elguera:





Congreso debe reformar nuestro abusivo sistema jurídico

Con la traumática experiencia que, particularmente, viene soportando la clase política acosada por un Ministerio Público omnipotente –con viso de estar digitado por el poder político instalado en Palacio– el Congreso a la brevedad debería empezar a debatir una ley que proteja a las personas que acaben siendo imputadas por la Fiscalía a base de simples sospechas. Conjeturas que, para transformarlas en fundamento de acusación –es decir en pruebas válidas– se apela a la prisión preliminar y preventiva sometiendo al inculpado a un período de torturas suficientes como para que se autoinculpe. O, en todo caso, para conseguir que un tercero lo haga tras soportar ese mismo martirio. En ningún país que se precie de respetar el Estado de Derecho es dable que los fiscales recurran a extremos de tormento para obtener pruebas. Esta práctica está vetada por los derechos universales. Pero nuestras leyes permiten que el Ministerio Público logre que ciertos jueces condenen hasta con 36 meses de carcelería preventiva a cualquier paisano que caiga en manos de algunos fiscales temerarios. Ejemplo, la dupla Vela Barba – Pérez. ¡Tres años para que la Fiscalía investigue un crimen! ¡Tres años menos de vida en libertad que aquel inculpado jamás recuperará! ¡Tres años de coerción para facilitar el trabajo de unos fiscales encargados de perseguir el crimen acostumbrados a hacerlo sin fundamentos; a base de suposiciones, de trascendidos, hipótesis y/o cualquier otra forma de suspicacia que pone en duda la certeza misma de aquella incriminación. Inclusive existen innumerables ejemplos en los cuales, tras cumplir el imputado tres años de prisión, el fiscal aún no formaliza la acusación y el sospechoso tiene que permanecer en el calabozo. También hay ejemplos –como los de Ollanta y Nadine Humala– en los cuales tras vivir un año en las mazmorras estos denunciados lograron que un tribunal les dejase salir del penal para seguir el juicio en libertad. Sin embargo, año y medio después de liberados de la cárcel el fiscal aún no les formaliza la prometida acusación.

Ejemplos como estos –incluso peores– vemos con frecuencia. 60 % de los presos en el país no están acusados/sentenciados. El paradigma es el mismo. Fiscales que nunca inculpan con la prontitud que exigen los derechos de las personas que permanecen presas sin denuncia/condena. En consecuencia, los legisladores deben conminar al Ministerio Público a respetar tales derechos. Por ejemplo con leyes que obliguen a la Fiscalía a asumir responsabilidades pecuniarias para indemnizar al imputado –si finalizado el juicio se pruebe su inocencia– cautelando que la indemnización la afiance el Estado mediante aval irrevocable del Banco de la Nación. Ello sin perjuicio de que el Ministerio Público sancione a los fiscales culpables de tales ineptitudes. No solamente separándolos del cargo y prohibiéndoles laborar durante diez años en el Estado, sino penalizándolos económicamente para que paguen la consecuencia de su incapacidad.

Mientras ello no ocurra, los peruanos continuarán proclives a esta tiranía de un infame sistema de Justicia –incluida la Fiscalía– institucionalizado como depredador de los derechos universales. ¿Se atreverán nuestros catatónicos legisladores?





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