Luis Garcia Miró Elguera

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EL MUNDO AL REVÉS

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Cuestionable compromiso del alcalde Muñoz

El alcalde limeño Jorge Muñoz ha demostrado pertenecer a esa misma estirpe de politicastros que ha llevado al país a convertirse en un centro de corrupción. La infortunada decisión de Muñoz de revivir una propuesta presentada por la emblemáticamente corrupta constructora Graña y Montero para que Lima le concesione un tramo de ocho kilómetros de la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes que la conectarla con la Panamericana Sur –a un costo realmente alucinante de US$ 200 millones– revela que el país no ha cambiado para el ex alcalde miraflorino, ahora encargado del Concejo Metropolitano, a pesar del tsunami generado por el affaire corruptor Lava Jato en el cual Graña y Montero, repetimos, ocupa un espacio destacadísimo.

El alcalde de la capital del país ha actuado irreflexivamente, por decir lo menos, en un momento tan álgido. Cuando todos los reflectores están puestos tanto en él –pues el cargo conlleva siempre un sesgo de aspirante a la presidencia– como en las empresas corruptas que han participado en actos tan deleznables como el affaire Lava Jato. Es más, en cierto momento el presidente Martín Vizcarra manifestó para la platea que el Estado “no debe contratar con Graña y Montero”. Por supuesto que fue pura demagogia; parte de su libreto anticorrupción. Sin embargo, el alcalde limeño –públicamente arropado por Vizcarra– ha ignorado olímpicamente la directiva de su amigo ocasional. ¡Y este, amigo lector, no ha dicho una sola palabra! Sospechoso, ¿no?

Los peruanos que viven indignados por el asalto al Estado que ha ejecutado nuestra clase política en contubernio con empresas corruptoras como Odebrecht –consorciada con Graña y Montero–, Andrade Gutierres, Camargo Correa, OAS, etc., repudian que el actual alcalde de Lima tenga el desparpajo de mostrarse orgulloso por haber firmado un insultante acuerdo que involucra la entrega por cuarenta años del millonario peaje que generará el citado tramo de la Vía Expresa, con una socia de Odebrecht que, además, ha demandado al Estado por más de US$ 2,000 millones. Y cuidado que la suscripción de aquel contrato ocurrió apenas sesenta días después de que Muñoz se sentara en el sillón de Nicolás de Ribera. Tamaña osadía podría revelar que el alcalde, engreído de palacio, ha tenido un compromiso adelantado para inmolarse de semejante manera. ¿Acaso no es válido especular que este apresurado e inconsulto convenio tendría como génesis la campaña mediática que sorpresiva, contundentemente emprendiera el consorcio El Comercio para patrocinar la candidatura de Muñoz, siendo además de público conocimiento que este grupo mediático tiene como mayor accionista precisamente a un socio importante de la constructora con la cual el alcalde Muñoz ha suscrito semejante compromiso? Es más, el contrato no ha sido debatido en –y menos aprobado por– el Concejo Metropolitano de Lima. Inclusive se sabe que en una reciente sesión del concejo un regidor pidió explicaciones al alcalde Muñoz, pero éste guardó silencio. No hay entonces razón valedera para explicar semejante urgencia del alcalde limeño por concretar este contrato con una empresa que viene siendo procesada en los tribunales como tercera civilmente responsable por actos de corrupción.

Luis García Miró 

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