Luis Garcia Miró Elguera

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EL MUNDO AL REVÉS

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Comentábamos recientemente que el ambiente político continúa enrareciéndose. Que el choque es lo que domina hoy a los actores, en vez de prevalecer la negociación como base de convivencia social. Que el apasionamiento reemplaza al razonamiento lógico, ecuánime, sosegado que representa el talante democrático. Y que el blanco y negro ha sustituido al medio tono que dicta el sentido común. Esta dicotomía perversa es la que ahora predomina entre nuestra sociedad. Lo vemos en el debate desatado sobre la llamada ley Mulder y estigmatizada como “ley mordaza”. Analicemos.

Ley Mordaza es aquella que impone el poder –de toda naturaleza, sea político, gremial, económico o lo que fuere– para mediatizar o inclusive cancelar las libertades constitucionales de informar y opinar que tiene todo ser humano. Sucede usualmente cuando el poder amenaza al ciudadano con aplicarle penalidades reñidas con la ley o los Derechos Universales, en caso haga uso de su derecho a expresarse libremente en los medios de comunicación. En buen romance, cuando esa opinión es contraría a la del poder. Ocurre por lo general en las naciones donde gobiernan dictaduras –Cuba, Corea del Norte, China o Venezuela, por coincidencia todas tiranías de factura comunista– o en los países sometidos a tales regímenes totalitarios. Allí se configura el carácter preciso y clásico de la “ley mordaza”. Como en Ecuador, durante la gestión de un Rafael Correa arrodillado delante del avasallador chavismo.

Pero acá las pasiones se encargan de trastocar la verdad, adjetivando de mordaza a una norma que frena el dispendio de los escasos recursos públicos para evitar que el gobernante decida, a sola firma, despilfarrar centenares de millones del presupuesto para “informar a la ciudadanía”, apelando al oscuro recurso –siempre manipulable– del avisaje estatal. La experiencia confirma que el leitmotiv de los afanes publicitarios que imponen ciertos gobernantes –con problemas de popularidad– consiste en “ayudar” a ciertos grupos periodísticos asignándoles multimillonarias cuotas propagandísticas. Pero claro, estas dádivas se basan en “encuestas” –ratings de circulación de diarios y audiencia televisiva o radial– eventualmente cocinadas por una empresa monopólica y extranjera dedicada a fabricar “auditorías” de lectoría y audiencia elaboradas –todo indica– para mantener algún equilibrio presupuestal previamente acordado entre los grandes emporios mediáticos. Como consecuencia, alrededor del noventa por ciento del presupuesto publicitario del Estado se destina a abarrotarle las arcas a cuatro grupos mediáticos, alguno de ellos con serísimos problemas financieros que solventa a base a aquel subsidio fiscal disfrazado de contratos con el Estado. Sólo el vuelto de esta negociación es distribuido entre los 600 medios de prensa restantes. En este orden de ideas, resulta incluso agraviante argüir que cerrándole el caño al despilfarro publicitario estatal se estaría amordazando a la prensa. Todo lo contrario. Mordaza es precisamente el statu quo actual, amigo lector, donde cuatro emporios exprimen a 600 pequeñas y medianas empresas periodísticas acosándolas implacablemente para conseguir su extenuación, mientras los cuatro consorcios continúan operando cebándose del presupuesto público de una nación que carece de recursos para satisfacer unos mínimos niveles de salubridad, educación, seguridad ciudadana, pensiones, etc.





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