Columnista - Luis Garcia Miró Elguera

EL GOBIERNO NEGOCIA CON LA DELINCUENCIA

Luis Garcia Miró Elguera

2 abr. 2019 03:20 am
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En noviembre 2016, el entonces vicepresidente y ministro de Transportes Martín Vizcarra prometió que el régimen Kuczynski invertiría S/.2000 millones en infraestructura -postas médicas, escuelas, comisarías, etc.- distribuidos entre las 39 comunidades nativas ubicadas en el corredor que une Las Bambas y Matarani.

Dos años y medio después la realidad ofrece dos opciones: 1) Vizcarra mintió, o 2) Vizcarra es incompetente. Porque seamos claros. Su gestión de gobierno no ha movido un dedo para cumplir ese compromiso que, recordémoslo, sirviera entonces para levantar un paro semejante al que ahora mantiene paralizada esta mismísima carretera, desde hace dos largos meses. Pero ahí no queda el incumplimiento. El 23 de mayo del año pasado, con Vizcarra instalado en palacio tras la renuncia de Kuczynski, su gobierno reclasificó como “carretera nacional” los trescientos y pico de kilómetros que cubren el llamado corredor de La Bambas.

Una reclasificación que, sin lugar a dudas, se ha convertido en Talón de Aquiles para este régimen. Porque esas 39 comunidades demandan ahora el pago de otros S/.350 millones, porque sostienen que el Estado se ha apropiado de sendos terrenos de su propiedad para construir una “carretera nacional”. Este estigma constituye ahora la razón por la cual los comuneros de Fuerapampa han ocupado la vía pública, impidiendo el tránsito de los vehículos que transportan el mineral extraído por la empresa MMG, propietaria de Las Bambas. Y de acuerdo a ley, ocupar carreteras es un crimen penado con carcelería de hasta diez años.

Dicho esto último, los comuneros de Fuerabamba han delinquido y sus dirigentes hoy están al margen de la ley. De modo que lo que le toca ejecutar a la Policía y la Fiscalía es poner tras las rejas a estos facinerosos que emplean la fuerza de las masas -e inclusive apelan al uso de la violencia- para quebrantar la ley so pretexto de reclamar un derecho. En este orden de ideas resulta temerario, y a todas luces ilegítimo, que el gobierno de Martín Vizcarra se coloque de rodillas ante una masa culpable de cometer un crimen flagrante, apelando a la tontería que el diálogo –con quien delinque- es la mejor solución para los “diferendos”. Hombre, ¡qué grado de rendición! Pero acá también hay más tela por cortar.

La Policía Nacional, con autorización de un juez, grabó conversaciones entre Gregorio Rojas, jerarca de la comunidad de Fuerabamba, y dos abogados, tramando extorsionar a la citada firma minera para robarle S/.500 millones. La Fiscalía dispuso el arresto de los tres. Sin embargo este gobierno amedrentó a la Fiscalía -convertida ahora en una sucursal de palacio- para liberar a Rojas. ¿La razón? Los comuneros se negaban a conversar con los ministros -verdaderamente nadie sabe sobre qué- mientras éste estuviese detenido. Rojas salió libre. Ahora los comuneros exigen que igualmente queden en libertad sus abogados, ¿Cómo reaccionó el premier del Solar? Exigió inmediatamente al poder Judicial que “trate con absoluta imparcialidad” a estos abogados. Ergo, que los libere. ¡El gobierno presionando a la Judicatura para pactar con la delincuencia! ¿Qué tal?

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