Luis Garcia Miró Elguera

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EL MUNDO AL REVÉS

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¿Golpe de Estado blanco?

Está clarísimo. Un golpe de Estado blanco –perpetrado por presuntas fuerzas democráticas– está en marcha. El gobierno de Martin Vizcarra esconde algo muy grave. La disolución del Estado de Derecho, so pretexto de combatir la corrupción. La insistencia presidencial por remover del cargo de fiscal de la Nación a Gonzalo Chavarry –electo por la junta de fiscales supremos, máxima autoridad de este órgano constitucionalmente autonomo–, revela una contumacia golpista y sospechosamente antidemocrática, direccionada a consolidar un régimen espurio como el actual –no nacido de las urnas– que pretende avasallar el Estado de Derecho so pretexto de estar batallando contra la corruptela. Es el vicio que encarna la génesis del gobierno actual, que arrancó el 28 de julio de 2016 con Pedro Pablo Kuczynski como jefe de Estado.

Analicemos lo que ocurre. El miércoles, los legisladores oficialistas que participaban en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debatían una denuncia del congresista Arana dirigida a remover al fiscal de la Nación, acusándolo de violar la Carta Magna. Todos expresaron un discurso monocorde dictado y monitoreado desde las alturas del poder. Sustentaba la denuncia de Arana el palaciego Juan Sheput, quien convalidó la acusación concluyendo que el fiscal Chávarry no cometió delito ni transgredió artículo alguno de la Carta Magna. Solamente cometió una “falta ética”, al negar que se había reunido con un grupo de hombres de prensa. Así lo señala textualmente la denuncia de Arana. Así lo sustenta igualmente Sheput. Aquello dio lugar a que el parlamentario aprista Javier Velásquez Quesquén manifestara que el fiscal Chávarry no estaba incurso en alguno de los extremos que pretendían imputársele. Tanto la comisión de delito como la violación de la Carta Fundacional. De igual razonamiento fueron los congresistas de Fuerza Popular. ¿Resultado? El fiscal Gonzalo Chávarry no fue removido del cargo, tal como demandaba el oficialismo, apoyado por la izquierda.

Pero en vez de reconocer que funcionaron constitucionalmente los contrapesos de los poderes del Estado, el Ejecutivo decidió ayer presentar al Congreso un proyecto de ley que declara en reorganización el Ministerio Público. Es decir, tras perder por mayoría democrática en el Parlamento la remoción del fiscal de la Nación, el Gobierno decidió meter un caballazo –estilo fujimontesinista– declarando en reorganización el Ministerio Público. Según el parlamentario Jorge del Castillo, esta iniciativa “busca  repetir lo que ocurrió en enero de 1997, cuando se aprobó la Ley 26738 en el gobierno de Alberto Fujimori que propugnaba capturar el manejo del Ministerio Público. Después vino la captura del Poder Judicial, con las gravísimas consecuencias que aquello le ocasionara al Perú (…). Como no consigo por un lado lo que quiero, lo hago por otro. Y si no me das lo que busco, entonces te cierro´. Es lo que (este gobierno) quiere hacer (…). Están dándose los pasos previos para repetir un golpe de Estado como el 5 de abril de 1992”, advirtió Del Castillo. Por su parte el legislador Mauricio Mulder sostuvo que el proyecto oficialista está orientado a que “el presidente Vizcarra participe como candidato en año 2021”. Soplan muy malos vientos.

 






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