Luis Garcia Miró Elguera

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EL MUNDO AL REVÉS

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Invocación a la Corte Suprema

La Sala Plena de la Corte Suprema del Perú tiene delante suyo un asunto de capital importancia que, de no saber resolverlo con la altura de miras que exige este momento, pudiera acabar hundiendo del todo el prestigio ya bastante maltratado de este poder del Estado. Los peruanos andamos muy cabreados con quienes tienen a su cargo impartir Justicia entre la sociedad. La ciudadanía se siente muchas veces más que abandonada por los jueces que deberían actuar como custodios de su vida, salud y patrimonio. Con creciente frecuencia, en los procesos judiciales en este país está demostrado que se aplican las leyes de acuerdo a criterios que no se condicen con la voluntad de los legisladores, aprovechando precisamente la ínfima calidad de nuestras normas que permiten al magistrado aplicar leyes por cuenta propia, con lo cual desnaturalizan el verdadero sentido de la Justicia. Ocurre la generalidad de las veces cuando vemos que delincuentes quedan libres y las víctimas acaban encarceladas. Fuera de casos flagrantes de falta de simetría al impartir Justicia. Así ocurre en el caso de Keiko Fujimori, comparado con el estatus de gente como Pedro Pablo Kuczynski donde, por ejemplo, por iguales delitos –recibir aportes no declarados para sus campañas electorales provenientes de Odebrecht– la primera está presa y el segundo libre.

Sin perjuicio de reiterar los trances de la Justicia diaria, donde el caso más usual es que el delincuente es liberado ipso facto, mientras las víctimas terminan denunciadas y procesadas. Como acaba de ocurrir con un policía que, en el ejercicio de su función, hizo uso de su arma reglamentariamente para encarar a un delincuente ciertamente armado; y no obstante el custodio del orden acabó en el calabozo mientras el magistrado victimizaba públicamente al criminal. Sin perjuicio de aquello, reiteramos, ocurre que en estos últimos tiempos los jueces sentencian muchas veces apelando al sesgo de sus preferencias políticas. Si el procesado es fujimorista, entonces tendrá asegurado el cadalso. En tanto que si este es antifujimorista, su libertad estará plenamente asegurada. Así de grosero.

Evidentemente los ejemplos son tantos que no nos permiten citarlos sin agotar al lector. Por esta razón es que apelamos a la comprensión de aquellos profesionales que integran nuestro Poder Judicial para que, desprejuiciándose de sus sesgos y/o simpatías políticas e ideológicas, en las actuales coyunturas se despojen de obcecaciones y juzguen de acuerdo a su conciencia y a los supremos intereses nacionales. Nos referimos, en concreto, al papel decisorio que tiene el Poder Judicial para zanjar un asunto que se ha convertido en tema de interés vital para la subsistencia del Estado peruano. Hablamos de la decisión que habrá de laudar un magistrado peruano sobre el artero acuerdo de “colaboración eficaz”, que han suscrito dos fiscales y un procurador con los representantes de la corrompedora Odebrecht. Invocamos al presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, y a los jueces supremos que integran la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia a que fijen una contundente determinación legalista, además de patriótica, para semejante responsabilidad.

Luis García Miró

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