Luis Garcia Miró Elguera

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EL MUNDO AL REVÉS

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La vesania de dos fiscales

La Justicia estadounidense debe estar cavilando profundamente, antes de decidir si es que acepta o no el pedido de extradición planteado por el Estado peruano contra el ex mandatario Alejandro Toledo. Las dudas no van por el lado de la presunción de culpa que recae sobre este reo contumaz sino, más bien, porque en el Estado de la Unión antes que nada prima el principio de la presunción de la inocencia del imputado. Todo lo opuesto a lo que sucede en el Perú actual, donde los fiscales impunemente realizan una tarea contraria a este fundamento vertebral para impartir Justicia con mayúscula. Acá el acusado debe demostrar su inocencia, en vez de que el fiscal compruebe más bien su culpabilidad.

Este razonamiento no solo está vetado en Estados Unidos, país donde cumple prisión preventiva Toledo mientras decide su extradición. También en la mayoría de naciones donde la Justicia está basada en esta tesis que fuera una de las grandes conquistas de la Revolución Francesa. Aunque existen diversos países -como el Reino Unido- donde prima como fundamento la argumentación de culpabilidad. Pero vivimos en el Perú. Y acá estamos obligados a cumplir lo que dicta la Constitución. No lo que se le ocurra a algún fiscal. Y la Carta Magna peruana manda que toda persona es considerada inocente mientras no se haya probado judicialmente su culpabilidad.

Dicho esto, es evidente que los magistrados norteamericanos observan con espanto lo que ahora ocurre en el Perú, donde fiscales y jueces hacen lo que les venga en gana -según la consigna política con la cual amanezcan- con tal de imputar y encarcelar “preventivamente” (así le llaman) a los ciudadanos que el Ministerio Público presume que “quizá algún día pudiesen llegar a ser declarados responsables de algún crimen”. Sin importarles que dicha carcelería (aunque el preso sea inocente) puede variar entre 36 y 72 meses. Una acto a todas luces perverso e inconstitucional que atenta contra el principio jurídico que reina en la Carta peruana. Más aún, idénticamente prima en la Constitución norteamericana, nación que deberá decidir si envía a Toledo al Perú para ser procesado por una Justicia evidentemente viciosa y politizada, como la que ahora rige en el Perú. Vale decir, contra lo que esta expresamente vetado en predios del Tío Sam.

Apostilla. El caso de Martín Belaunde Lossio grafica la metodología terrorífica que hay acá, debido a la vesania de dos fiscales que ¿por incompetencia? encarcelan a quien investigan, antes de encontrar la justificación para tal emplazamiento. Tras cumplir 24 meses enjaulado “preventivamente”, un magistrado ordenó la excarcelación de este sujeto luego que la Sala de Apelaciones rechazara ampliar esa medida a 36 meses, como demandaba el fiscal. El juez llamó la atención al fiscal por su inhabilidad para encontrar argumentos que permitiesen iniciar la acusación para, recién, arrancar el juicio oral que, a su vez, desembocaría en un proceso civil/penal con sus larguísimas instancias de apelaciones (mínimo 10/15 años). Sin embargo, la Fiscalía ha apelado este fallo del juez. ¿Acaso es esto Justicia, amable lector?



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