Luis Gonzales Posada

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Barbarie cultural e indiferencia del Gobierno

El 1 de setiembre del 2017 – hace dos años y medio – publiqué en el portal Político.pe, un artículo exhortando al Gobierno que construya un local para el Archivo General de la Nación, que hoy funciona en un sótano del Palacio de Justicia, al costado de la puerta de ingreso a la carceleta.

En ese espacio reducido, con escasa ventilación y abundantes ácaros, cargado de hongos y carentes de un ambiente adecuado para el trabajo de investigadores, se almacenan 29 mil metros lineales de documentos, equivalentes a 28 kilómetros de extensión.

Ahí se encuentran depositadas colecciones del siglo XVI al XIX, escrituras de los conquistadores Francisco Pizarro y Diego de Almagro, del Inca Garcilaso de la Vega, de San Martín de Porres y el testamento de Pedro Manuel, conocido como “El Griego”, fechado en 1613, que demuestra que el pisco es oriundo del Perú.

Ese precario local, carente de seguridad y que puede ser devastado por un incendio, también resguarda otras joyas valiosas, como Reales Cédulas, Provisiones y Bandos de Virreyes del periodo comprendido entre 1558 y 1824, de la Real Audiencia de Lima, del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, de la Compañía de Jesús, de árboles genealógicos, de tierras y comunidades.

En el archivo republicano están depositados escritos con las firmas de los libertadores José de San Martín y Simón Bolívar, del presidente Ramón Castilla, de los héroes nacionales Miguel Grau y Andrés Avelino Caceres, entre otros ilustres personajes.

Destacamos, asimismo, que cuando el Perú presentó su demanda contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pudo sustentarla gracias a que en el Archivo General de la Nación se encontraba la Resolución Legislativa 12305, de 1955, que aprobó los acuerdos suscritos con Ecuador y Chile en la Primera Conferencia sobre la Explotación y Conservación de las Riquezas Marítimas del Pacífico Sur.

Han pasado dos años y medio de la propuesta para que el Gobierno construya un nuevo local, como han demandado hace décadas numerosos académicos y que hubiera sido el mayor homenaje al Bicentenario de la Independencia Nacional.

Pero no lo han hecho, y ese desinterés -o ineptitud- alienta al constante robo de material histórico. El blog Ojo Público denunció recientemente (el 12.02.2020) la sustracción de una resolución firmada por el general San Martín, del 18 de enero de 1822.

Anteriormente, ese mismo blog reveló el robo de una carta del Libertador, concediendo la libertad a una esclava. Como esos casos, hay otros más, que ocurren no sólo por la falta de seguridad, sino porque el Archivo General de la Nación funciona en un lugar inapropiado, expuesto a hurtos y al deterioro del patrimonio histórico del país.

Lo que suceda, sin duda, será responsabilidad de un Gobierno que el año pasado no pudo gastar 16,475 millones del presupuesto de inversiones. Dinero hay; voluntad no existe.



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