Luis Gonzales Posada

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El silencio

Han transcurrido más de 80 días del fallecimiento del presidente Alan García y ningún juez o fiscal ha cumplido con informar al país por qué ordenaron detener a un ciudadano que concurría puntualmente a todas las diligencias judiciales.

Esos magistrados, además, conocían que los directivos de Odebrecht habían declarado reiteradamente que Alan García no solicitó ni recibió dinero ilegal, a diferencia de otras autoridades peruanas que sí lo hicieron, y que tampoco existían pruebas o indicios de sobornos o cuentas no declaradas en el país o en el exterior.

Más aún, esos mismos jueces y fiscales tenían en su poder los informes de las comisiones investigadoras del Congreso (Tejada y Bartra) que no encontraron delitos ni desbalance patrimonial en la vida de García.

Tampoco el fiscal interventor explica por qué llegó al domicilio del expresidente en compañía de una camarógrafa de televisión, lista para filmar al exmandatario enmarrocado y humillado; o por qué conocidos periodistas lanzaron un prematuro mensaje informando de su detención, para después de conocer el suicidio borrar ese tuit que evidenciaba que eran parte de un operativo reservado.

Hay muchas preguntas no respondidas, por ahora.

Entre otras, por qué encargaron el allanamiento de la vivienda a la Dirección de Delitos de Alta Complejidad de la PNP, cuando el art. 282 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que esa función corresponde a la Policía Judicial, decisión más controvertida aún si recordamos que los tripulantes de una camioneta de la policía interventora fueron acusados de espionaje a la casa de García.

De otro lado, ¿quién derivó a la prensa la fotografía de la cama ensangrentada del presidente y otra de su torso desnudo postrado en una camilla del hospital estatal Casimiro Ulloa?.

El silencio es sepulcral sobre este triste episodio, porque ni siquiera conocemos si se encuentran procesados penalmente los matones que dieron una paliza al ex Premier ‪Luis Alva Castro en la puerta de la residencia de la embajada uruguaya.

Martín Vizcarra calla, al igual que el Premier, el ministro de Justicia, la Fiscalía y el Poder Judicial, olvidando que la historia ilustra que los secretos más ocultos tarde o temprano se llegan a conocer. El derecho a la información es, por ello, una garantía constitucional y de ética política. El silencio ante un hecho infame que provocó la muerte de un jefe de Estado, en cambio, convierte en cómplices a quienes se refugian en la oscuridad del mutismo.





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