Luis Gonzales Posada

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Volver al pasado

  • Fecha Sábado 24 de Agosto del 2019
  • Fecha 2:30 am

Después de semanas de tóxicos ataques, denuncias, filtración de documentos reservados y grabaciones (incluyendo el reloj del legislador Mamani), el presidente Kuczynski renunció y, en estricta aplicación del procedimiento previsto en la Carta Fundamental, fue reemplazado por el Primer Vicepresidente de la República, Ing. Martín Vizcarra Cornejo. Es oportuno recordar que en su mensaje inicial (23/03/2018) el flamante mandatario señaló que ante la corrupción “la justicia deberá actuar con transparencia, responsabilidad y celeridad”, agregando que lo sucedido “debe marcar el punto final de una política de odio y confrontación, que no ha hecho otra cosa que perjudicar al país”.

Más adelante sostuvo que la clase política, “y sobre todo quienes detentamos cargos públicos”, no debemos “enredarnos en peleas encarnizadas que terminan haciendo un enorme daño al Perú”. Para recuperar la gobernabilidad y la confianza, Vizcarra invocó un acuerdo por la estabilidad y respeto a la independencia de los poderes del Estado – “que ningún poder avasalle los derechos de otro”-, comprometiéndose a desplegar un trabajo conjunto y unitario con otras fuerzas, dentro del marco constitucional.

Buen propósito, saboteado por el propio mandatario. Transcurrido un año y cinco meses de gobierno, en efecto, podemos concluir que el presidente Vizcarra ha violentado (sistemáticamente) los ofrecimientos hechos en su toma de posesión, deslizándose por el resbaloso terreno de una agresiva confrontación con el Congreso, interfiriendo en la autonomía del Ministerio Público, al punto que retornó de un encuentro presidencial en Brasil para exigir al Congreso la destitución del Fiscal de la Nación y, ahora, planteando un inconstitucional adelanto de elecciones, propuesta alentada por encuestadoras, algunos medios de comunicación y turbas que toman calles e impulsan la violencia. Hace unos días, el Jefe del Estado pareció retornar a su mensaje conciliador del 23/03/2018, aceptando dialogar con el presidente del Congreso, Pedro Olaechea.

El país recibió con alivio esa noticia, porque la concertación es absolutamente necesaria para garantizar la democracia, el desarrollo nacional y la unidad de los peruanos. Más aún, en las actuales circunstancias, donde turbas organizadas en Tía María y otros centros mineros han paralizado proyectos superiores a 20 mil millones de dólares, mientras se incrementa la inseguridad ciudadana y las inversiones públicas y privadas retroceden peligrosamente. Sin embargo, la tranquilidad ha durado pocas horas, porque en dos entrevistas publicadas ayer otra vez el mandatario ha encorcetado el encuentro a un adelanto de elecciones.

Es decir, no se trataría de un diálogo, de un intercambio de ideas y propuestas, sino que cualquier acuerdo está condicionado a que el Congreso acepte una imposición presidencial. Esperamos, empero, que prime la responsabilidad para superar los impases subsistentes. Para lograrlo, el presidente debe retomar las propuestas formuladas en su mensaje de juramentación y el Congreso, por su parte, acelerar la aprobación de dispositivos legales para el país y promulgar una norma que evite abusos que cometidos al amparo de la inmunidad parlamentaria.





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