Madeleine Osterling

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CRÓNICAS INTOLERANTES

Acerca de Madeleine Osterling:





Nuestra devaluada seguridad jurídica

En el Perú, en pleno siglo XXI, estamos viviendo en la barbarie, simplemente porque las reglas de juego de la convivencia en comunidad no se respetan; las toneladas de normas que nos gobiernan se han convertido en letra muerta. La gravedad y magnitud de las consecuencias jurídicas de delitos y atropellos quedan a criterio de la interpretación, y el grosor de los bolsillos de nefastos personajes, con las manos manchadas y el cerebro engolosinado. Lo peligroso es que nos hemos habituado a convivir con un Poder Judicial corrupto, por lo que descubrir los nombres de los involucrados no nos causa suficiente indignación, simplemente morbo y expectativa. Nadie se perdió los programas dominicales porque había demasiada especulación acerca de los nuevos protagonistas y la posibilidad de que el Presidente o el premier pudieran estar enlodados. Quizás lo están, pero aún no ha llegado su momento, finalmente en estos tiempos, todo es un bien transable, especialmente el prestigio y la voluntad. ¡Ojalá me equivoque!

En todo caso, los únicos ganadores con este desmadre son los medios y la avidez que generan sus titulares; todos los demás, perdemos. Creemos estar viendo capítulos de una telenovela desde el balcón, producida y maliciosamente dirigida por el IDL y la Fiscalía, cuando lastimosamente también somos víctimas, hay un impacto colectivo, una afectación directa a nuestra vulnerable sociedad.

La corrupción de toda nuestra administración de justicia es casi un axioma, han existido fallos judiciales de escándalo, que han legitimado las más flagrantes infamias; hoy únicamente hemos confrontado con cínico horror, el lenguaje habitual del hermaneo, compadrazgo y los miles de verdecitos. Bueno, nos guste o no, ese es el nivel de pobreza moral de nuestro Poder Judicial, institución que en otros países es respetada y venerada y a la que se accede por estricta meritocracia y gracias a una impoluta trayectoria.

Los países con sistemas judiciales frágiles y corruptos espantan a los inversionistas y, quien diga lo contrario, miente. Uno de los instrumentos indispensables en el exitoso proceso de privatización fue la capacidad del Estado de suscribir Contratos de Garantía en respaldo de las obligaciones otorgadas por las concedentes, así como la posibilidad de acceder a un foro internacional para la solución de controversias. Ello, de la mano de convenios de estabilidad jurídica y tributaria. De otra manera, hubiera sido impensable colocar los proyectos; se hubiera disparado el riesgo país y los costos asociados, como las pólizas de seguro y las fianzas.

Hoy, lastimosamente, la seguridad jurídica es un principio absolutamente devaluado en nuestro país, no hay ninguna previsibilidad; nunca más vigente ese refrán: “más vale un mal acuerdo que un buen juicio”. Puedo dar fe, lo he vivido en carne propia.





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