El pasado día 10, en una entrevista, el presidente Francisco Sagasti manifestó su deseo de reactivar, entre otros, el Proyecto Majes-Siguas II. Este proyecto, desde mayo 2006 en que Proinversión convocó su concesión, muy poco ha avanzado. Majes-Siguas II es la continuación de una primera etapa que culminó en 1985 con la construcción de la Represa de Condoroma para irrigar 23,000 hectáreas en la pampa de Majes, y consiste en la ejecución de obras de afianzamiento hídrico e infraestructura de irrigación para incorporar 38,500 hectáreas en la pampa de Siguas.

Increíblemente esta obra está perseguida 14 años por problemas y controversias. En mayo 2006 Proinversión convocó su concesión y recién en setiembre 2010 fue adjudicada al consorcio Cobra Instalaciones-España y Cosapi-Perú, y aunque el proyecto inicial fue concebido para invertirse US$ 148 millones, la suscripción fue por US$ 425 millones, y encima, los trabajos fueron suspendidos (2010-2013) por conflictos legales con el gobierno regional del Cusco por el desvío del río Apurímac, solucionándose en abril 2015 y firmándose un nuevo contrato con inversión incrementada hasta US$ 550.5 millones producto de 12 adendas suscritas.

Las obras se reiniciaron en 2015, con mínimo avance (16%) y volvió a paralizarse a fines de 2017, en julio 2018 Cosapi se aleja del proyecto quedando a cargo de Cobra Instalaciones-España, empresa que presentó otra adenda, la número 13, para implementar un sistema de riego tecnificado y otras obras que ocasionaría un nuevo incremento de US$ 110 millones elevando el costo a US$ 660.5 millones. Esta adenda tiene reparos de la Contraloría General y de la Autoridad Nacional del Agua, además hay una investigación inconclusa del Congreso disuelto sobre actos y procesos administrativos del proyecto. Una obra que inicialmente se concibió para invertir US$ 148 millones, se elevaría hasta US$ 660.5 millones.

Bajo este panorama, debe priorizarse el reinicio de este megaproyecto que crearía condiciones para desarrollar US$ 360 millones anuales de producción agroexportadora, pero también deben investigarse todos los procesos realizados. En la situación actual, el gobernador regional, Elmer Cáceres, que en 2018 aseguró que no firmaría la adenda 13, el pasado día 11 aceptó firmar una adenda con supervisión especializada para elaborar y presentar su versión final, pero aún quedan pendientes la compra de terrenos de Pusa Pusa, el Estudio de Impacto Ambiental, certificado de inexistencia de restos arqueológicos y el mantenimiento de las hidroeléctricas de Lluta y Liuciia. Desde su reinicio se calcula que el proyecto demoraría 7 años.