Por lo menos tenemos al Gabinete Martos investido y la absurda crisis política engendrada no se añade por el momento a la catástrofe económica y social originada por la pandemia del Covid-19. Algún consuelo pero poco considerando los más de medio millón de personas infectadas, 26 mil fallecidos oficialmente y bastante más sospechosos del maldito virus chino que colocan al Perú segundo en el globo en cuanto a letalidad y una caída del PBI estimada en alrededor del 15 % anual y ya en recesión. Tétrico.

En la primera quincena de marzo pasado, el país fue uno de los primeros del planeta en cerrar a piedra y lodo sus fronteras y aplicar el Estado de Emergencia, cuarentena y hasta toque de queda a nivel nacional, lo que fue destacado por la prensa mundial. Con ello, sin duda, se han salvado vidas y habría que ser ciego para negarlo pues de lo contrario la propagación del virus hubiese colapsado desde el inicio nuestro precario sistema de salud. Sin embargo, ni la posterior respuesta sanitaria ni la reacción de la población han sido suficientes para evitar la calamidad que sufrimos y que se agrava a diario a la espera de la vacuna salvadora.

Ciertamente, de esta fatídica coyuntura sacaremos conclusiones: lecciones que aprender, responsabilidades y culpabilidades públicas y privadas, etc. Por ahora, nos quedamos con una que venimos repitiendo. Si ayer una de las desgracias del Perú fue su nocivo centralismo, hoy la ansiada descentralización en base a las regiones dibujada en la Constitución no sólo es quimérica sino una pesadilla. Cómo será el fracaso que ante la terrible emergencia sanitaria el Ejecutivo ha debido intervenir en una de ellas presidida por el peor “gobernador” visto, y que la nueva y eficiente Ministra de Salud ha tenido que implementar una estrategia rectora y macrorregional para poder hacer frente a la pandemia viral.

Modestamente, sugerimos algo más además de poner fin a la absurda balcanización regional peruana. Así como España tiene un artículo constitucional que autoriza al Gobierno, con aprobación del Senado, a intervenir las Comunidades Autónomas que no cumplan sus obligaciones o atenten gravemente contra el interés general, lo mismo debiera regir en el Perú. ¡AMÉN!