Marcos Ibazeta Marino

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Calma chicha

Ya disuelto el Congreso por el presidente mediante una interpretación constitucional harto discutible, con el Tribunal Constitucional que, prefiriendo hacerse de la vista gorda, no ha reaccionado definiendo la constitucionalidad o no de dicha medida aplicando principios de derecho constitucional ante una situación atípica que desborda la ley sobre determinación de competencias, observando una lucha interna entre los magistrados del máximo órgano de control constitucional, con evidentes matices de politización en desmedro de la juridicidad que exige la defensa del Estado de Derecho, hemos entrado a una situación fáctica de dejar hacer y dejar pasar, cayendo en el mismo error histórico de legalizar por omisión los hechos consumados, por más ilegítimos que estos sean.

El problema para el país es que un precedente tan nefasto en nuestra historia, que el TC permite que se repita, no va a producir otro resultado que impulsar al caos y la anarquía dado que, si los órganos del Estado no responden con oportunidad y eficacia y los hechos consumados se convierten en ordenamientos jurídicos, no hay camino jurídico por recorrer sino la generación de fuerzas que desborden la reacción estatal por miedo o por conveniencia de las entidades respectivas y sus integrantes.

Es interesante, sobre este punto, analizar los fenómenos sociales y políticos de Venezuela, Bolivia y Chile para prevenir en nuestro país cualquier rebrote de aventuras violentistas y totalitarias exigiendo que las instituciones del Estado Peruano respondan con oportunidad ante cualquier desafío y no incurran en omisiones intencionales de manera impune.

Ya no está el Congreso obstruccionista, según el presidente, para justificar la inacción e ineficiencia del Ejecutivo. El anuncio de grandes transferencias de fondos públicos que, obviamente afectan nuestras reservas, para acelerar la inversión pública en reconstrucción del norte, en infraestructura y otros, aunque sin mayores planes en educación y salud; a sabiendas que ni el Ejecutivo, ni los gobiernos locales y regionales han podido gastar más del 50% de su presupuesto por incapacidad de gestión. ¿Cómo darles más dinero si ya estamos al final del año y sin garantía de capacidad de gasto?

La inseguridad ciudadana se acrecienta día a día, la economía se ha enfriado tanto que comienza a perjudicar seriamente a la pequeña y mediana empresa que es la que más mano de obra demanda, por ende, es fácil inferir que la popularidad del régimen se caerá más rápido de lo pensado.

Finalmente, el JNE le ha dado un estoque mortal al Ejecutivo al disponer que los congresistas disueltos puedan volver a postular. Lo que se viene no va a provocar muchas alegrías.



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