Marcos Ibazeta Marino

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La tutela jurisdiccional efectiva

La Teoría del Estado nos enseña que, a través del contrato social, sea cual fuere la concepción y materialización del mismo en el concepto jurídico, lo cierto es que debe alcanzar determinados estándares para constituirse en un Estado de Derecho, en el cual, la nación que es la titular del poder, delega éste en autoridades cuyas atribuciones deben estar perfectamente establecidas para evitar el abuso y garantizar el respeto de los derechos de todos los ciudadanos, para que se alcancen los objetivos de coexistencia pacífica y desarrollo con paz social.

La Constitución es la cúspide de la pirámide desde la cual, coherentemente, van desarrollándose sus principios a través de leyes de menor jerarquía.

En tal virtud, según nuestra Constitución, los funcionarios de todos los niveles están al servicio de la nación y no al revés y, en el ejercicio de sus funciones, éstas se rigen por lo que taxativa y literalmente prevé la normatividad correspondiente y los poderes estatales tienen la obligación de respetar el equilibrio de poderes y la estabilidad democrática vigilando la vigencia de la institucionalidad que impida la sujeción de la nación a un poder arbitrario.

En el ejercicio de sus atribuciones respecto de las autoridades y en el ejercicio del libre albedrío de la población, siempre se producen situaciones de conflicto que deben resolverse dentro del marco del Derecho por los entes constitucionalmente autorizados.

Por tal razón, cualquiera que considere vulnerado algún derecho, tiene el poder de exigirle al Estado una solución a través del debido proceso legal, en este caso, ante el órgano jurisdiccional, el cual no puede eximirse de esta obligación alegando defectos o deficiencias legales, en cuyo caso deberá resolver aplicando los principios generales del Derecho.

En conflictos Inter poderes o cuando éstos o los funcionarios estatales amenacen vulnerar o afecten derechos de rango constitucional, el órgano competente es el Tribunal Constitucional.

Debemos recordar que el presidente de la República no encarna a una parte del país sino a toda la nación, a las mayorías y minorías, a los que piensan como él o discrepan de sus ideas y políticas, por lo cual no es admisible un gobierno por encuestas porque la población solo se pronuncia mediante el voto.

Si el presidente disuelve el Congreso, ¿tendríamos que aceptar el hecho consumado aun con sospechas de inconstitucionalidad y enviar al olvido el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional porque, según algunos, el Congreso ya no existe?

Así se consumaron todos los golpes de Estado, pero ahora tenemos un Tribunal Constitucional que, aplicando principios constitucionales, debe pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de la disolución del Congreso para validar el futuro de nuestro Estado de Derecho porque no solo ha sido afectado el Congreso sino toda la nación peruana.



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