Marcos Ibazeta Marino

Acerca de Marcos Ibazeta Marino:



Lo que mal comienza, mal acaba…

Todo el Perú apoyó la promesa gubernamental de ir a una profunda reforma del sistema de justicia y mucho más cuando se hicieron públicas conversaciones indecorosas sobre groseros actos de tráfico de influencias y otros graves cuestionamientos legales, éticos y morales contra los miembros del entonces Consejo Nacional de la Magistratura, magistrados de la Corte Suprema, Fiscalías Supremas, altos funcionarios de otras entidades públicas, empresarios y los demás ya conocidos, que desembocó en una espiral de destituciones cuyos vacíos no han podido llenarse de modo satisfactorio.

Esta promesa de reforma del sistema de justicia se generó en medio del escándalo provocado por la corrupción desatada por Odebrecht y demás adláteres, que comprometían a sucesivos gobiernos alcanzando a funcionarios públicos de todo nivel en diferentes instituciones del Ejecutivo, Legislativo, Gobiernos Regionales, Municipales y organismos autónomos.

Tal escenario exigía que cualquier reforma del sistema de justicia fuera dirigida por un ente cuyos integrantes no tuvieran vinculación alguna con la actividad política, sea gubernamental o partidaria, ni a miembros del sistema judicial o fiscal que podrían ser proclives al amiguismo protector y a la animadversión contra los no tan amigos y menos a personajes que pudieran haber estado en situación de dependencia con expresidentes o funcionarios o empresarios actualmente investigados o procesados judicialmente.

Por estas razones es que desde esta columna hemos cuestionado abiertamente la conformación de una comisión para elegir a los nuevos miembros de la ahora llamada Junta Nacional de Justicia, porque, debido a la procedencia de sus integrantes, era poco o nada nuevo lo que se iba a venir.

El primer intento fallido de esta comisión para elegir a los miembros de la JNJ tuvo el enorme error de someter a los postulantes a una prueba escrita mal estructurada debido a que nunca hubo una definición de perfiles para la función; lo que se pretendió corregir sustituyendo preguntas, pero dándole mucho peso a la calificación subjetiva en las entrevistas.

Al final participaron los que habían desaprobado el primer intento de evaluación, se admitió como postulantes a exministros, a políticos vinculados a gobiernos, a expresidentes y funcionarios sometidos a investigaciones penales, a exmagistrados, entre otros.

Ahora tenemos problemas de credibilidad. ¿Cómo creer que exministros de gobiernos investigados por corrupción, quienes durante su gestión no hicieron nada por mejorar el sistema, puedan actuar sin favorecimientos?

Es una verdad de Perogrullo que en todo proceso de reformas el poder político siempre obtiene una enorme cuota de participación y control y, tal vez, por eso vemos ahora que no se cuestiona a exministros de gobiernos amigos, pero sí a exministros y políticos de gobiernos adversarios.

Si a eso se suma que la señora fiscal de la Nación cuestiona la transparencia en las calificaciones, todo el trabajo de la actual JNJ estará bajo sospecha.



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