Marcos Ibazeta Marino

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Lo que se espera del acuerdo con Odebrecht

Con el estallido del escándalo de los llamados “cuellos blancos”, todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura fueron destituidos, creándose la Junta Nacional de Justicia sobre la cual no se sabe mucho; renunció el entonces presidente del Poder Judicial quien fue reemplazado y el reemplazo ya cumplió su mandato y se ha elegido a un nuevo presidente; la plaga moral se ha expandido sin control y, en un escenario de imputaciones, investigaciones en curso y campañas mediáticas intensamente direccionadas, ha renunciado el fiscal de la Nación. Por la grave crisis política que viene atravesando el país, el Ejecutivo impulsó un referéndum en el cual la población le dio al Presidente las respuestas que él buscaba; y, no obstante, la guerra política continúa con una intensidad desquiciante sin que los peruanos tengamos a la vista un rumbo definido de gobernabilidad y gobernanza.

Ahora el acuerdo entre la Fiscalía y Odebrecht amenaza convertirse en otro elemento de confrontación por su secretismo, el cuestionamiento hecho por el mismo presidente de la República y las filtraciones sobre presuntas abdicaciones por parte de nuestros fiscales a incluir en el acuerdo obras y hechos también delictivos que ameritan investigaciones eficaces y oportunas.

En primer lugar hay que dejar en claro que el citado acuerdo cae dentro de lo que se conoce como derecho penal premial, es decir, donde a cambio de información importante sobre los hechos delictuosos, los sujetos involucrados y modos operandi de plausible comprobación, el colaborador puede obtener una exención de pena, reducción de la misma y hasta liberarse o reducir el pago del daño producido.

El Procurador Público interviene en la cuantificación de la reparación civil a favor del Estado, para lo cual está facultado a contratar a los mejores consultores, porque aquí están en juego factores macro y microeconómicos que pueden afectar la política económica del país porque no olvidemos que Odebrecht “ponía y sacaba presidentes” y se adjudicaba casi todas las obras de infraestructura en el país convirtiéndose en un motor económico. No sabemos nada de la propuesta del procurador ni de los estudios realizados porque lo que se nos robó por sobrecostos suman miles de millones de dólares.

Los fiscales no pueden abdicar de su deber de perseguir todos los delitos y resultaría una grave transgresión funcional que, a cambio de información limitada, dejen de lado la investigación de graves hechos delictuosos, pues estarían incurriendo en una especie de amnistía fáctica.

 





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